“No les quepa ninguna duda de que nos afecta la posibilidad de que uno de los presos pudiese morir. Hemos reforzado los mecanismos médicos de resguardo y no hay ningún internado en situación de peligro extremo, y estamos autorizados a proveer alimento aun en contra de la voluntad de los huelguistas”, dijo el ministro luego de realizar una visita protocolar a la Cámara de Apelaciones del fuero de la Seguridad Social.
De la Rúa además confirmó que irá a la Corte en queja “de inmediato” en caso de que la Cámara de Casación Penal niegue al Estado la personería para presentar el recurso extraordinario ante el Máximo Tribunal. Según estiman fuentes judiciales, los jueces Pedro David, Raúl Madueño y Wagner Mitchell podrían llegar a expedirse a ultimas horas de hoy. De acuerdo a estas mismas fuentes, se baraja la posibilidad de que la Cámara rechace el recurso.
Necesidad y urgencia contra el Justicialismo
“Hemos optado por la vía ordinaria y regular de la Constitución, y de no darse examinaremos las alternativas”, aclaró De la Rúa antes de confirmar que sigue en pie la posibilidad de dictar un decreto de necesidad y urgencia similar al proyecto de ley rechazado en el Congreso que otorgue la segunda instancia, para “procurar solucionar el tema antes de la feria judicial”.
El titular de la cartera de Justicia además se quejó de que el Justicialismo promovió una larga lista de exigencias al Gobierno, como que el ministro fuera al parlamento a defender el proyecto de ley y que se declarara públicamente en contra del indulto a los condenados.
“Luego se llegó a un acuerdo formal que no fue cumplido, e incluso hubo declaraciones de que en ninguna circunstancia iban a contribuir al tratamiento de ese proyecto. Más que un doble discurso hay una indefinición interna en el bloque del justicialismo”, dijo notablemente molesto.
De la Rúa también descalificó el dictamen del fiscal ante Casación, Rapul Plee, que aducía que la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenía carácter retroactivo y que sólo tenía efectos a futuro, al remarcar que el Poder Ejecutivo recibió hace tres días un nuevo reclamo del organismo que depende de la Organización de Estados Americanos.
Ante los dichos del presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, que se había mostrado molesto ante una supuesta judicialización de temas políticos, dijo que no las interpreta “como un anticipo de criterio” y reiteró que tiene “plena confianza” en la Corte y que “no será recusado ninguno de sus miembros, ni serán interpretadas las declaraciones como un prejuzgamiento”.
De amparos y recusaciones
Por otro lado, el juez Guillermo Rossi, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 12, elevó a la Corte un recurso de amparo presentado por el abogado Carlos Díaz al declararse incompetente. El recurso que solicitó Díaz tiene por objeto que se cumpla con las disposiciones de la Comisión y que se garantice la vida de los detenidos.
Díaz además decidió recusar a los miembros de la Corte porque tendrán que decidir sobre la suerte de las mismas personas por cuyo abandono fueron denunciados por el también abogado Eduardo Barcesat.
Tal como lo aseguró hoy el ministro De la Rúa, la Cámara Federal de San Martín había dado la orden el 20 de junio de que no se deje morir a los presos y que se les asegure la vida aún en contra de su voluntad. Sin embargo, hasta el amparo presentado por Díaz esta resolución no aparecía en la historia clínica, y fue incorporada cinco días después de la interposición del recurso.
Además, el juez en lo criminal de instrucción Julio César Corvalán de la Colina resolvió desestimar el recurso de habeas corpus interpuesto por el abogado Roberto Boico al considerar que el estado de salud de los ayunantes no estaba en peligro.
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