La agridulce espera por la reforma del Código Civil

Cuando en julio del año pasado comenzaron las discusiones acerca de la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial, todos los debates parecían fuertemente encaminados. Se conformó una Comisión Bicameral a nivel parlamentario y se abrieron distintos canales para que se discuta acerca de qué ventajas y qué elementos se podían aportar a una iniciativa que muchos juristas y gente del mundo del derecho coincidían en que era necesaria.

A pesar de las falencias que existían en algunos puntos que no se terminaron de definir, como las sociedades de cuarta categoría, había un consenso generalizado sobre llevar a cabo la propuesta. Pero, en el medio, ¿qué pasó? Con el correr de los meses dejó de ser un tema prioritario en la agenda parlamentaria y la discusión desapareció por completo.

En el medio, los debates propuestos por el Poder Ejecutivo en torno a la Justicia corrieron el eje y comenzó la disputa: primero, el concurso 258 del Consejo de la Magistratura, donde se definiría el juez de primera instancia que debía tratar la constitucionalidad de la Ley de Medios. Más tarde, comenzó el debate planteado en torno a la democratización de la Justicia, un hecho que generó fuertes polémicas entre la oposición y el oficialismo.

Diario Judicial dialogó con Diana Conti (FpV), vicepresidenta primera de la Comisión Bicameral, acerca de por qué no se avanzó en torno a la iniciativa y de qué plazos se estipulan para su aprobación.

La legisladora afirmó que las demoras se deben a que en su bloque están “elaborando un predictamen para ponerlo en la Comisión y, justamente, ver en qué puntos tenemos acuerdo con los distintos bloques, ya que en este trabajo tomaremos las diferentes posturas que fueron brindándose en los encuentros y las reuniones de la Bicameral”.

Al mismo tiempo, y en respuesta a por qué se demoró tanto la elaboración de este predictamen, Conti afirmó que “terminar la revisión del documento nos ha llevado más tiempo del que pensábamos que íbamos a invertir”.

En ese mismo orden de ideas, la diputada aseguró que si bien existieron promesas sobre la aprobación del proyecto a comienzos de este año, lo más probable, y lo que esperan que suceda, es que antes de fin de año se pueda llevar a cabo la iniciativa. Pero se justificó alegando que “no dependen de mí los tiempos parlamentarios ni la presencia de los legisladores en la Cámara”.

Ante la pregunta de las posibles diferencias que pudieron haber retrasado el proyecto, Conti afirmó que existen y “lo sabemos a partir de las audiencias públicas que se hicieron. Hay distintos tipos de sugerencias en el trabajo en conjunto que se ha llevado a cabo. Este predictamen que estamos elaborando contempla gran parte de todas esas posiciones. Necesitamos elaborar un Código con el mayor consenso posible”, cerró.

Por su parte, el senador y consejero de la Magistratura, Mario Cimadevilla (UCR), alegó que "evidentemente el tratamiento ha sido postergado porque el oficialismo, que es el que tiene el número de legisladores para avanzar con esta iniciativa, ha tenido otras prioridades en el medio, como la reforma de la Justicia".

El legislador consignó que "no hay que olvidarse que en este trabajo hubo miembros de la Corte", haciendo una alusión solapada a los conflictos recientes entre el Gobierno nacional y el Máximo Tribunal del país en relación a la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura.

En estos términos, Cimadevilla afirmó que "no obstante estos puntos, hubo varias reuniones de la Comisión Bicameral y se pudo llegar a un buen punto de debate. Yo creo que no es malo avanzar sobre un proyecto único, pero creo que sí hay algunos temas que merecen ser discutidos un poco más, como la responsabilidad civil del Estado, que de acorde a la pretensión del oficialismo debía menguar".

Entre los puntos más discutidos se encontraban el lugar que se les asignó a los pueblos originarios dentro de la propuesta y las sociedades unipersonales.

En orden al primer punto, Micaela Gomiz, representante del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas ante la Comisión Bicameral, afirmó que “este proyecto es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación. Hoy, la discusión sobre la propiedad comunitaria indígena se da en el ámbito judicial y no en otros ámbitos”.

Desde las comunidades indígenas alegaron que se los quiso incluir como parte de la sociedad civil sin una consulta acerca de cómo incorporar a varias culturas que no se sienten representados por las instituciones del Estado moderno, ya que ellos acarrean sus propias costumbres.

Por otra parte, y en una entrevista brindada a Diario Judicial, el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial 10, Héctor Chomer, afirmó que las falencias en torno al tema societario se podrían solucionar, y confiaba en que eso iba a suceder, pero igual acotó que “si se quiere optar por la sociedad unipersonal que se lo haga”.

“Por ejemplo, no se entiende por qué se deroga la sociedad irregular de hecho, un sistema que funcionaba aceitadamente. Si se piensa que derogando el capítulo correspondiente a este tema van a desaparecer las sociedades de hecho es un error, y también está mal que caigan en el inverso. Lo que servía era la excelente reformulación que hizo Echeverry permitiendo la reconversión de la sociedad de hecho”, agregó el magistrado.

Chomer explicó en este sentido que “si yo soy uno de los socios puedo acceder a la reconversión y transformarla en una sociedad regular, y si no quieren me voy, y quedará la sociedad de responsabilidad limitada para ellos. Y no hay una explicación sensata de por qué se derogó este instituto”.