Siguiendo los procedimientos habituales, el juzgado ordenó la anotación de la quiebra y de la inhibición general de los bienes de Massera, a la vez que dictó su inhabilitación. También ordenó notificar al Ministerio del Interior la prohibición para salir del país, salvo que tuviese autorización del juzgado de Gutiérrez Cabello.
La medida de impedir que el dictador cruce las fronteras resulta virtualmente obsoleta porque tiene pedidos de detención en varios países europeos por la comisión de delitos de lesa humanidad. Además, hace dos semanas perdió el beneficio del arresto domiciliario que cumple por su responsabilidad en la apropiación de bebés de mujeres que habían sido secuestradas y quedaron desaparecidas. Un medio local había podido fotografiarlo caminando por las inmediaciones de su domicilio.
El 31 de agosto del año pasado, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena que había conminado al Estado y a Massera a pagar la indemnización al familiar de las víctimas. A partir de esa decisión del Máximo Tribunal, Tarnopolsky buscó el pago de los 150 mil pesos que nunca llegó.
Mañana el juzgado sorteará al síndico y se dispuso como fecha límite para que los acreedores verifiquen las deudas a su favor el 3 de abril del próximo año.
Emilio Massera fue condenado en 1985 en el juicio a las juntas militares como uno de los mayores responsables de la represión ilegal y de poner en funcionamiento un plan sistemático para la desaparición de personas.
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