El proyecto de ley que buscaba que se intervenga federalmente al Poder Judicial correntino, finalmente, no será tratado ni debatido en las próximas semanas. Sucede que el senador Miguel Ángel Pichetto aclaró que la iniciativa fue para preservar la candidatura de Carlos "Camau" Espínola.
No era ningún secreto: uno de los motivos que llevó a cuestionar y querer intervenir el Poder Judicial de Corrientes eran las condiciones bajo las cuales un candidato podía llegar a perder su postulación. Si estaba procesado, no podía presentarse. Entre otras cosas, ese fue uno de los cuestionamientos que llevó al senador José María Roldán (FpV) a presentar un proyecto de ley para llevar a cabo esta acción.
Pero después de mucho tiempo de debate infructífero y de discusiones que siempre acababan en señalamientos sobre oportunismo eleccionario, el integrante de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que la propuesta ya no será tenida en cuenta por su bloque debido a que su presentación tuvo que ver con la “preservación” del candidato oficialista, Carlos Camau Espínola.
En declaraciones a medios provinciales, Pichetto destacó que llevar adelante el proyecto tuvo que ver con la desestabilización producida sobre el candidato. Y en este mismo orden de ideas, aseveró: “Hicimos un análisis en la comisión, se actuó con responsabilidad y si bien lamentamos que haya perdido (por Camau Espínola, quien no logró imponerse en las elecciones a gobernador), nos pareció correcto no avanzar”.
En tanto, las respuestas por esta decisión no se hicieron esperar. El diputado Agustín Portela (UCR) se quejó por todo lo que implicó la presentación de la iniciativa, y criticó que se reconozca la protección a Camau Espínola y no los motivos que el oficialismo enumeró a la hora de defender su propuesta.
“Cuando se trató el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, al finalizar el trabajo, Pichetto dijo que esto es un problema electoral, ni siquiera constitucional, como lo plantea el proyecto de ley”, expresó Portela a medios correntinos.
“En la medida en que hubo garantías de que no se iba a utilizar la Justicia como un ariete en contra de nuestro candidato a gobernador, nosotros siempre actuamos con mucha prudencia y en esta materia no íbamos a avanzar. Ganó el doctor Colombi, lo felicitamos y punto. Por lo tanto me pareció correcto no centrar la atención en un caso", agregó el integrante de la Cámara Baja en este mismo sentido.
Los fundamentos de la iniciativa precisaban que “la Provincia de Corrientes no cumple con los recaudos mínimos e indispensables de asegurar la administración de justicia y con ello cumplir con el recaudo del Estado Social Democrático y Republicano de Gobierno, lo que obliga al Estado Federal a aplicar el artículo seis de la Constitución Nacional y asegurar el mandato cardinal de nuestro texto máximo”.
En este orden de ideas, se expresaba que “la grave situación del poder judicial de la Provincia de Corrientes nos impone la obligación de solicitar este remedio para garantizar a todos los habitantes de esta provincia el cumplimiento indispensable del mandato imprescindible de un Estado de Derecho: vivir bajo el imperio de la ley, garantizar su aplicación en un marco de igualdad ante la misma”.
“El extremo llegado a límites del paroxismo nos lleva a una situación donde lejos de ser algunos jueces, más concretamente, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, la garantía efectiva de la prestación del servicio de justicia, un órgano imparcial de gobierno, se constituyo en una suerte de expresión monárquica y despótica en la prestación de un servicio indispensable para asegurar el régimen que nos constriñe el artículo uno de nuestra carta magna”, concluía la propuesta.