El país, como cada fin de año, vuelve a sentir los ecos de 2001 que parecen continuar latentes: saqueos, acuartelamientos de policías provinciales en reclamo de mejoras salariales, confusos episodios de violencia, tanto civil como institucional. Toda esta situación de caos generó que, rápidamente, la Procuración General de la Nación (PGN) busque dar una respuesta y que los hechos no queden aislados.
Por eso, con el aval de la procuradora Alejandra Gils Carbó, se creó una comisión de fiscales que investigará los delitos contra el orden constitucional, como algunas de estas situaciones que, se presume, fueron en ese sentido. Por eso, el órgano dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF) tendrá que comenzar a trabajar de forma inmediata.
En la resolución, la titular de la Procuración afirmó que mientras se llevaban a cabo las protestas de las diferentes policías provinciales se llevaron a cabo “atentados colectivos” contra la propiedad, es decir, saqueos, que fueron los que generaron “zozobra” en la población a nivel nacional.
Para crear el organismo, Gils Carbó tomó de referencia lo establecido por la Ley 23.077 de Defensa de la Democracia, y entendió que la tarea pasará por investigar si estos saqueos guardan alguna relación con las protestas llevadas a cabo por los uniformados. De esta forma, se comprobará si hubo o no un atentado contra el orden público que es pasible de ser sancionado.
El objetivo será, entonces, “recabar en forma permanente información sobre casos que se susciten en cualquier lugar del país y que pudieran vincularse con hipótesis delictivas de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional en los términos y con el alcance de los considerandos, así como procurar coordinar la actuación de este organismo en los diversos fueros e instancias a fin de asegurar la coherencia y unidad de su desempeño”.
En la resolución se recordó que “entre las atribuciones de la Procuradora General de la Nación se encuentran la de diseñar la política criminal y la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, y organizar los recursos humanos de la institución a efectos de brindar un servicio de administración de justicia eficiente y sensible a las contingencias sociales”.
La procuradora también manifestó que “es de dominio público que en los últimos días han tenido lugar, en distintas jurisdicciones de nuestro país, actos de protesta por parte de integrantes de algunas fuerzas de seguridad provinciales en reclamo por mejoras en sus condiciones laborales”.
“De manera concomitante con esas manifestaciones, se produjeron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), que generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población nacional”, agregó en este mismo sentido la titular de la PGN.
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