Lo que el veto se llevó

En diciembre del año pasado, la Cámara Alta santafesina convirtió en ley la iniciativa que preveía la creación de la Policía Judicial, un proyecto presentado por el diputado Eduardo Toniolli (FpV-Movimiento Evita), que tuvo un gran consenso y aportes de todas las fuerzas. Los legisladores habían coincidido en la necesidad de contar con una fuerza de ese tipo.

 

Pero la propuesta que había sido tan ampliamente discutida y consensuada encontró un tope: durante su reglamentación, el gobernador provincial, Antonio Bonfatti, decidió vetar 40 de los 57 artículos con los que contaba el proyecto.

 

De esta forma, muchas de las principales características del cuerpo uniformado quedaron descartadas y muchos oficialistas del bloque mayoritario (el del Frente para la Victoria) coincidieron en que la Policía Judicial, de esta forma, es meramente “decorativa”, como la caracterizó el autor de la iniciativa.

 

Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que una de las razones que motivaron el veto era la gran autonomía que se le brindaba al cuerpo, a la vez que había muchas de las funciones asignadas que eran tarea de los fiscales. Al mismo tiempo, señalaron que algunas propuestas de formación y administrativas ya estaban contempladas en los alcances del Ministerio de la Acusación.

 

Pero desde el Gobierno también se planteó que se generaba un avance sobre ámbitos relativos a los poderes Ejecutivo y Judicial. Así que, a través del decreto 4.533 se propone una redacción alternativa.

 

Toniolli elaboró una hipótesis sobre el por qué del cambio: “Creemos que esa protesta reordenó la poca vocación del gobierno de reformar la Policía. Para parar el levantamiento policial, Bonfatti selló una perspectiva contrarreformista. El gobierno le garantizó que los ascensos siguen en manos de la cúpula. Y este veto tiene que ver con esta situación”.

 

El diputado afirmó que para Bonfatti la Policía Judicial “se puede utilizar en forma ocasional o exclusivamente para algunos casos, cuando nosotros decíamos que se debía utilizar para delitos complejos como lo fue, por ejemplo, el triple crimen de Villa Moreno (Rosario)”.

 

El legislador enfatizó su enojo: “Me cayó muy mal porque fue la norma que había salido con el consenso de todos los bloques tanto en Diputados como en el Senado, a pesar de ser un proyecto de nuestro sector. Es más, nuestra propuesta sufrió una serie importante de modificaciones del oficialismo, que estaba en comunicación permanente con el gobierno provincial”.