El Colegio de Abogados de Santa Fe volvió a salir al cruce por el sistema de selección de candidatos a jueces, un debate que ya generó varias controversias durante el año pasado y lo que va de 2013 entre el Ejecutivo y el Poder Judicial provinciales.
“Los Magistrados están intentando pintar un panorama de desesperación que no es tal. Lo están haciendo porque están disconformes con los mecanismos de selección de jueces y el proceso de implementación de la Reforma Procesal Penal”, afirmó el año pasado el ministro de Justicia santafesino Juan Lewis, en respuesta a los reclamos de los jueces provinciales por la gran cantidad de juzgados vacantes que existen allí.
La respuesta no se hizo esperar desde el mundo del derecho en general, y tanto abogados como académicos y otros miembros del Ejecutivo se posicionaron de cara a un proceso de cambio en la Justicia provincial que trajo aparejado, entre otras cosas, una queja por la labor que era llevada adelante sin tener en consideración las falencias de años anteriores.
Lo que en un momento pareció un conflicto calmado volvió a manifestarse con la reciente declaración del Colegio de Abogados de Santa Fe (CASF), desde donde reiteraron su posición por el sistema de selección de magistrados, que a través del Consejo de la Magistratura son seleccionados y deben contar con el aval del Ejecutivo, y posteriormente, de la legislatura.
Los letrados afirmaron en su comunicado: “Desde el año 2008 venimos señalando que el actual sistema, pese a su denominación, no constituye un verdadero Consejo de la Magistratura como órgano plural en el que se diseña la política para la selección de magistrados, con la participación efectiva de las entidades involucradas en el servicio de justicia, partiendo de definir previamente cuál es el “perfil de juez” que queremos para nuestra Provincia”.
En una de las críticas que manifestaron en más de una ocasión, los abogados destacaron que “el actual esquema de concursos, en base a reglas dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial, con un perfil de juez de neto corte academicista, viene siendo puesto en tela de juicio no sólo por los Colegios de Abogados, sino por otras instituciones vinculadas al quehacer judicial”.
Pero los integrantes del CASF también se pronunciaron en relación a un tema reciente que generó grandes controversias: el desplazamiento del presidente del Consejo de la Magistratura, por decisión del titular de la cartera de Justicia, Juan Lewis.
Los rumores (porque aún no hay una versión definitiva y oficial de qué sucedió con el funcionario) afirmaban que la relación de Roberto Vicente, presidente del organismo, con sus pares era mala y llena de tensiones. Su puesto era clave a la hora de, precisamente, seleccionar candidatos a jueces, una de las tareas del Consejo en Santa Fe.
En relación a este tema, los letrados sostuvieron que “el cambio de un funcionario no va a solucionar la problemática, porque lo que hay que remediar es el sistema impuesto por el Poder Ejecutivo, que, en la práctica, en modo alguno se ha "autolimitado" en su facultad de designar jueces, manteniendo un esquema que impide la participación de quienes nos consideramos actores centrales de la actividad judicial”.
Los abogados aseveraron que “reivindicamos la existencia de un jurado independiente, e insistimos en definir el perfil del juez de la democracia como aquella persona que, además de estar dotado de sólidas cualidades intelectuales y morales, tenga disposición plena en favor del servicio de justicia, esto es, verdadera vocación de trabajo, por lo que entendemos que el manejo actual del sistema atenta contra su calidad institucional”.