El machismo tiene que ser limitado

La semana pasada se dio a conocer un fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal en el que los jueces otorgaban la suspensión del juicio a prueba a un hombre acusado de cometer un abuso sexual, en un caso donde se encontraron supuestos de violencia de género. Esta decisión provocó revuelo en torno al tema.

 

Entre otras cosas, los magistrados afirmaron en su decisorio que las partes llegaron a un acuerdo, y que fue la misma víctima, con el apoyo, desde ya vinculante, de la fiscalía, quien decidió que la probation era un camino viable para resolver el conflicto.

 

A la par que esta noticia causaba los primeros ecos, y tomando nota de una situación que ya se repitió en numerosas ocasiones, la senadora Sigrid Kunath decidió presentar un proyecto de ley para que en los casos de violencia de género, los agresores no puedan acceder a este beneficio. Para ello propuso modificar el artículo 76 bis del Código Penal.

 

El fallo “Góngora” de la Corte Suprema estipula que en este tipo de casos, la víctima tiene derecho a que la causa se resuelva en un juicio oral, teniendo en consideración la gran cantidad de tratados internacionales (destacando la Convención de Belém Do Pará) a los que nuestro país adhirió para combatir este flagelo.

 

Este fue uno de los lineamientos que siguió la legisladora a la hora de elaborar su propuesta. Concretamente, en los fundamentos se expresó que “la propuesta viene a armonizar la legislación interna de nuestro país con los Tratados Internacionales que hemos ratificado y que gozan de jerarquía supralegal conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”.

 

Kunath remarcó allí que “el Estado argentino se comprometió, entre otras cosas, a ´actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer´ como así también a ´establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos´”.

 

La senadora consideró “apropiada y oportuna la presentación de este proyecto de Ley para poder hacer efectivo el compromiso asumido oportunamente por el Estado Nacional al incorporar la Convención de Belem do Pará que manda expresamente a sancionar esta clase de hechos si luego de un proceso penal ordinario surge probada la responsabilidad del imputado”.

 

“Vale aquí recordar uno de los hitos en la defensa de los Derechos de las mujeres que surgió de este mismo Congreso nacional, la Ley 26.738, por la que se derogó el avenimiento del Código Penal. Lamentablemente esta figura permitió el asesinato de Carla Figueroa, en diciembre de 2012, por el hombre que la había violado y que, una semana después de quedar en libertad para convivir con ella, la mató a puñaladas”, afirmó en este mismo sentido la integrante de la Cámara Alta.