Hace poco más de un mes, el Senado de Corrientes aprobó la reforma del Código Procesal Penal provincial, gracias a un trabajo previo llevado a cabo con debates e intervenciones de colegas de la región, entre ellos, de Entre Ríos. Por eso, emulando la experiencia, la Cámara Alta entrerriana dio media sanción a un proyecto que iba en este mismo sentido.
Después de una prolongada discusión en la que se zanjaron diferencias con respecto a la iniciativa, y donde estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Claudia Mizawak, y su colega Carlos Chiara Díaz, el defensor Maximiliano Benítez y el procurador Amílcar García, los legisladores aprobaron la propuesta por unanimidad.
Entre otras cosas, el senador Rubén Matorras explicó que este proyecto busca adecuar el Código a lo que, de cualquier forma, ya se aplica en la provincia gracias a la jurisprudencia sentada con respecto a esta cuestión normativa.
Entre Ríos ya había llevado a cabo una reforma integral en 2006, pero la nueva iniciativa también resultó abarcativa: 140 artículos modificados, 49 derogados y dos nuevos, dejándolo compuesto de esta forma por 150. Las modificaciones son relativas a los cambios en los precedentes que se dieron desde la última reforma a esta parte.
La ley 9.754 busca optimizar el servicio de Justicia, desechando los pasos procesales que, según la experiencia, se consideraron como retardadores. Los legisladores consideraron que había muchas trabas burocráticas que, precisamente, habían sido establecidas en la última reforma del Código.
Otro de los puntos novedosos es el relativo a la difusión mediática de las causas que se tramiten ante la Justicia penal, para lograr que la ciudadanía comience a involucrarse con las cuestiones normativas en este sentido. Esta iniciativa busca que se genere mayor transparencia en los procesos.
También se establecieron mecanismos para abreviar los juicios, inclusive en las causas más complejas, sin por ello atacar las garantías constitucionales de las partes. Además se modifica la estructura de la Justicia Penal, creando nuevos institutos como las fiscalías penales que tendrán a cargo un organismo de investigación especializado.
Los nuevos juicios abreviados del Código Procesal Penal modificado habilitan al fiscal y al defensor a que lleguen a un acuerdo sobre las penas en base al hecho que cometió el imputado. También se añadió un mecanismo de “conciliación” vecinal y probation en primera instancia para casos de menor envergadura.
dju
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