Las denuncias que llegan al Consejo son demasiado "abstractas"

Este jueves, la Orden del Día de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura contó con 46 puntos y, a pesar de la longitud que podía esperarse de la reunión, el encuentro fue muy resolutivo. De esta forma, varias de las denuncias tratadas contaban con dictámenes de abstracción o desestimación in límine, y fueron aprobados en su mayoría, contando algunas postergaciones.

 

Uno de los tratamientos postergados fue el del expediente “Piumato, Julio (UEJN) s/ act. Dra. Laura Inés Cosidoy (T.O.C.F. Nº de Rosario)”, en el que el titular del gremio de los judiciales apuntó contra la magistrada, reconocida por sus declaraciones sobre el narcotráfico y las redes de poder en la provincia de Santa Fe, por su accionar como defensora durante la última dictadura militar de nuestro país.

 

En diversas ocasiones, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) afirmó que en su rol dentro de la Justicia se encargó de “instar” a los detenidos por el terrorismo de Estado “que se quiebren”. El dirigente afirmó en 2011 que “de esa manera ella podía interceder ante su amigo Galtieri, con quien cenaba seguido”.

 

En esa misma ocasión, Piumato señaló que “los jueces son el principal problema en la falta de celeridad para los juicios por delitos de lesa humanidad. Esto lo vemos con el Consejo de la Magistratura. Hay que seguir metiendo presión, y más ahora que está la voluntad política de avanzar con los juicios”. De cualquier forma, la jueza renunció en enero de este año y el Ejecutivo aceptó el pedido de Cosidoy.

 

Otro expediente que resultó postergado es el de la carátula “Bonicatto, Carlos E. (Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires) s/ act. Dr. Ferro, Jorge”, donde el denunciante afirmó que el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar Del Plata instó a un juez de primera instancia a que tome un criterio favorable a la empresa Cablevisión en un reclamo tarifario.

 

La Defensoría bonaerense había emprendido una serie de acciones en orden a la solicitud que hicieron los ciudadanos que se vieron agraviados por el aumento desmedido de la cuota mensual de cable e Internet. Después de dos sentencias a favor en diferentes instancias, surgió la comunicación del juez Jorge Ferro a su colega que debía tratar el tema nuevamente en respuesta a un pedido que esta vez partía desde la compañía.

 

Bonicatto señaló que Cablevisión presionó a la Justicia para que las resoluciones sean a su favor, y precisó que “no sólo (la empresa) incumple las resoluciones de la Justicia y del Estado nacional, sino que, además, ofenden a una institución como la Defensoría del Pueblo, al negar la representatividad del organismo en la protección de los intereses de los usuarios”.

 

Uno de los expedientes aprobados fue el de los autos “Maidana Elizabeth Nancy c/ Dra. María Ofelia Bacigalupo (Subrogante Juzgado Civil Nro. 38)”, donde la jueza denunciada fue acusada de retardo en el servicio de Justicia. La mujer que realizó la presentación es la madre de dos niños de 12 y 9 años a quienes no ve desde hace más de dos años debido a que la tutela es del padre y, según alegó, desde la Justicia no se le brindó ninguna ayuda para terminar con la situación.

 

El matrimonio había sido llevado a cabo en España, y cuando el hombre decidió volver a nuestro país en 2008 ella tuvo que hacer lo propio, “perdiendo todo lo que tenía”, según explicó Maidana. Una vez aquí, la tenencia corrió por cuenta del padre, quien pidió garantías para que la denunciante no intentara llevárselos de vuelta a España.

 

Después de una larga campaña vía web y con amplia difusión en los medios, la mujer logró ver a los menores. La denuncia fue llevada por el consejero Mario Cimadevilla y su proyecto al respecto fue aprobado.