El Patronato de Liberados es una asociación civil que se encarga de brindar asistencia a los presos que recuperan su libertad, y es apoyada financiera e institucionalmente por el Ministerio de Justicia de la Nación (hasta diciembre del año pasado, tuvo también el apoyo de la Corte). Este ente fue creado a estos fines, pero funciona como un órgano de la sociedad civil.
Por eso el Senado de la Nación discutirá una iniciativa ideada por Diana Conti y Graciela Giannetassio para que este espacio forme parte del Poder Judicial, transfiriendo a los trabajadores y funcionarios que actualmente trabajan allí a la órbita institucional del Estado.
Esta institución es de larga data, ya que el control y soporte a los ex presidiarios de parte del Patronato se ejerce desde comienzos del siglo XX. Con el correr del tiempo esta asociación civil logró tener mayor participación en cuestiones relativas al servicio penitenciario y la ayuda para las personas que se encontraban en libertad después de cumplir una condena. Pero ahora, este espacio necesita una nueva plataforma para poder llevar a cabo todas sus tareas.
Es por eso que surgió esta propuesta de las integrantes del bloque del Frente para la Victoria, que además, cuenta con el apoyo del titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato.
“Así como el Estado es el encargado de aplicar penas, y el responsable por la salud y la vida de quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos penitenciarios, también debe asumir la responsabilidad que le cabe en la reinserción social de aquellos que, por cualquiera de los institutos previstos, regresan a la sociedad con la vulnerabilidad generada por el tiempo de encierro”, afirman las senadoras en los fundamentos de la iniciativa.
En otro orden de hechos, el Senado bonaerense sancionó la ley que crea el Observatorio Provincial de Investigaciones de Muertes Violentas, un órgano que permitirá sistematizar los datos al respecto y que, de forma no vinculante, propondrá soluciones con aplicación de políticas públicas para poder acabar con las tendencias que se den en este sentido.
La metodología de investigación para los casos será de corte cualitativa, algo novedoso para las formas tradicionales utilizadas en políticas públicas, y se aplicarán para los casos de homicidios dolosos; suicidios; accidentes de tránsito con resultado de muerte; hechos mortales laborales; y muertes relacionadas con el abuso en el consumo de sustancias estupefacientes.
Los fundamentos de la iniciativa precisan que “el proyecto propiciado pretende brindar un nuevo instrumento para la protección de los habitantes de la Provincia en materia de “muertes violentas o por causas no naturales”, que coadyuve con las políticas de seguridad pública que viene implementando la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento del deber supremo y esencial de proteger la vida, la libertad y la seguridad de sus habitantes”.
Allí se añade, al mismo tiempo: “Es decir, que si bien en la actualidad el Estado Provincial lleva a cabo investigaciones acerca de algunas de las fuentes de “muertes violentas o por causas no naturales”, no existe un organismo específico que concentre toda la información disponible, y que se oriente a la prevención conforme a las características de los casos que se verifican con mayor frecuencia, tomando como factor común la violencia”.
dju
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