Con algunos matices en las formas, la mayoría de los integrantes del mundo del Derecho que trabajan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires coinciden en que la autarquía del Poder Judicial es una propuesta que debe llevarse a cabo. Por eso, y con un debate que mostrará estas diferencias, la Legislatura bonaerense se dispondrá a discutir el proyecto que, este lunes, fue oficializado por el gobernador Daniel Scioli.
El primer mandatario provincial también realizó el nombramiento número 1.000 de funcionarios judiciales en lo que va de su gestión al frente de Buenos Aires. En este marco entregó 73 decretos de designación en diferentes puestos que se encontraban vacantes en la administración de Justicia de todos los departamentos judiciales.
Además, el gobernador promulgó una ley propuesta por el Ejecutivo, mediante la cual se crearon 30 cargos de agente fiscal y 20 de defensor oficial, que actuarán ante el fuero Criminal y Correccional de toda la provincia.
Pero la novedad es la autarquía del Poder Judicial bonaerense, que ahora contará con un “cupo presupuestario mínimo”, que representará el 5.50% del presupuesto de la provincia a partir de 2016. Este monto se irá incrementando de forma paulatina hasta 2019, cuando alcanzará el 7%, según consigna el proyecto.
Entre otras cosas, una vez sancionado el proyecto, el Poder Judicial administrará libremente el servicio de Justicia, el mantenimiento de los espacios físicos, la infraestructura en general y la política salarial, este último un punto que ya generó algunas discusiones entre los sectores sindicales que activan en el ámbito judicial.
Recientemente, cuando ya habían trascendido detalles de la iniciativa, el titular de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), Hugo Blasco, señaló que las negociaciones paritarias no están contempladas de forma específica, por lo que se espera que si no se hacen modificaciones en este sentido se produzcan largas pujas con las discusiones salariales.
“Somos trabajadores del Estado, en particular del Poder Judicial, y en ese sentido necesitamos (…) salarios dignos, condiciones de trabajo dignas, y todo eso en el marco de lo que debe ser una real y efectiva negociación colectiva que nosotros los trabajadores judiciales hoy por hoy no tenemos formalmente establecida en la provincia de Buenos Aires”, alegó, explicando que el cambio de normativa precisa, de forma necesaria, un marco específico para el tema paritario.
Los lineamientos generales se dieron con un trabajo conjunto en el que se destaca la participación del ministro de Justicia, Ricardo Casal, junto al titular de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA). Los primeros pasos fueron dados en junio pasado, ya que existía una base para la propuesta y discusiones que habían sido llevadas a cabo durante años.
Además del ingreso a la legislatura, se contempló la creación de una Comisión Bicameral para el seguimiento de su aplicación, que tendrá doce integrantes (seis de la Cámara Alta y seis de la Baja), desde donde se podrán pedir informes y llevar a cabo propuestas a los poderes Judicial y Ejecutivo en torno a este proyecto.
dju
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