El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias recomendó que el acceso a servicios de la salud “sea igualitario en calidad a los que accede la población general”.
El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias realizó recomendaciones con respecto a la salud en las cárceles. El acto se realizó en la sede de la Defensoría General de la Nación.
Se trata de la recomendación sobre “Derecho a la salud. Acceso efectivo a la prestación de servicios de asistencia médica de las personas privadas de libertad". El documento señala al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “lo imperioso de generar dispositivos de atención que garanticen a la persona detenida” y recomienda que el acceso a servicios de la salud “sea igualitario en calidad a los que accede la población general”.
“Que la independencia profesional asegure que la asistencia sea llevada adelante de modo autónomo de las cuestiones disciplinarias”, “que las intervenciones en salud cuenten con el consentimiento informado del paciente y se realicen de manera confidencial”, dice el documento.
Otras acciones que se recomiendan son que el Ministerio de Salud designe personal de salud externo al Servicio Penitenciario Federal para realizar inspecciones regulares de los que surjan informes respecto a la cantidad y calidad de los alimentos provistos, las condiciones sanitarias, calefacción, iluminación y ventilación de las instalaciones, , teniendo en cuenta las especificidades de los diversas poblaciones albergadas en las unidades penitenciarias.
Existe una necesidad de implementar un “adecuado y activo Programa de Prevención de Suicidios, en función de la continua producción de casos en diversas unidades”, explica la recomendación elaborada.
En el acto de rúbrica estuvieron presentes la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el presidente de la Comisión de Ejecución Penal de ese tribunal, Gustavo Hornos.
También estuvieron los jueces integrantes Mirta López González, Sergio Paduczak, Martín Vázquez Acuña; el procurador penitenciario Francisco Mugnolo y los directores Ariel Cejas Meliare y Carlos Acosta. Así como los jueces de ejecución penal Axel López y Marcelo Peluzzi.
Por la Procuración General de la Nación –Procuraduría contra la Violencia Institucional-, Abel Córdoba: Ricardo Richiello y Marcela Piñero, por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación; Eva Asprella, en representación del CELS; Guillermo Fanego, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.