Brevatas

Declararon abstracto el planteo por el Decreto 746/03

Un fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Rita Ailán declaró abstracta la cuestión planteada en los autos "Asociación Argentina de Televisión por Cable y Otros c/ EN - Dto 746/03 s/ Proceso de Conocimiento"., en la que diversas empresas prestadoras del servicio de televisión por cable se presentaron ante la Justicia para solicitrar que se declare "certeza jurídica respecto de los derechos legales y reglamentarios de las licenciatarias de servicios de Televisión por Cable, ello en razón que el Estado Nacional ha asumido la obligación de proveer una solución alternativa a la derogación del régimen estatuido por el art. 52 del Decreto 1387/01, que contemple las razones que ameritó al excepcionar a dicha actividad de la derogación de dicha norma por el Decreto del PEN Nº 746/03". La magistrada consideró que el dictado de la Ley 26.982 "que modifica la Ley de Impuesto al Valor Agregado a través de la cual se establece un régimen diferencial sobre las alícuotas que gravan las ventas, locaciones e importaciones, así como la locación de espacios publicitarios en diarios, revistas y publicaciones periodísticas", tornaba abstracta la cuestión, afirmando además que "no es atribuible al Poder Judicial la creación de una categoría que fije un régimen tributario aplicable a las aquí actoras. Si, en cambio, es potestad del Poder Legislativo determinar dicha circunstancia en caso de considerarlo pertinente. Por lo tanto, corresponde rechazar la pretensión aducida a fin de que se establezca el régimen fiscal aplicable a las actoras, por tratarse de una potestad legislativa que no puede ser suplida por el Poder Judicial sin violentar el principio de división de poderes y de legalidad tributaria".

Once: detuvieron a un funcionario por presunto falso testimonio

En una nueva jornada del debate oral por la denominada "Tragedia de Once", que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de la Capital Federal, se realizó al detención de Juan Carlos Testuri, quien se desempeñó al momento del accidente, ocurrido el 22 de febrero de 2012, funcionario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según el Tribunal, el imputado, que habría firmado un documento que daba cuenta de fallas en coches de la fromación que colisionó, fue reticente en contestar las preguntas que se le hicieron, razón por la cual el fiscal de juicio, Fernando Arrigo, solicitó su detención en orden al delito de falso testimonio, previsto en el artículo 275 del Código Penal.