A través de una nota, procuradores generales y fiscales de todo el país solicitaron que, en el marco de la discusión por la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, las intervenciones telefónicas ligadas a causas locales estén bajo la órbita de las respectivas jurisdicciones. La autonomía investigativa de las provincias y la Ciudad Autónoma, como factor fundamental de la independencia judicial, debe eliminar la dependencia a la cooperación de organismos del Poder Ejecutivo.
El revuelo generado a raíz de la muerte del fiscal Alberto Nisman provocó que, entre otras cosas, el Poder Ejecutivo elaborara un proyecto de ley para desarmar la Secretaría de Inteligencia y crear una Agencia Federal de Inteligencia, bajo el pretexto de que las operaciones llevadas a cabo desde el órgano que existe en la actualidad son independientes de los intereses del Estado nacional.
En el debate, del cual la oposición no quiso formar parte en sus distintas instancias por considerarlo una nueva maniobra política, también se pusieron en consideración los alcances de diferentes facultades que tendrá este nuevo organismo. Esto, si se aprueba el proyecto, que de cualquier forma cuenta con los votos del oficialismo y aliados, por lo que su avance está garantizado.
Una de las facultades que se contempla brindar a la Agencia es la de intervenir en cuestiones de escuchas telefónicas. A raíz de ello, los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y del Consejo Federal de Política Criminal, elevaron una nota a los legisladores y autoridades de la administración de Justicia para que los casos locales donde haya que intervenir líneas, el procedimiento lo realicen los funcionarios de las provincias respectivas.
El comunicado está firmado por el titular del Consejo de Procuradores, Alejandro Ficoseco, titular del organismo, y por Eduardo Quattropani, presidente del Consejo Federal de Política Criminal, y en él brindan una serie de razones por las cuales la injerencia de la Agencia en estos asuntos locales podría ser considerada inconstitucional. A estos fines, solicitan que la competencia sea llevada por los funcionarios de la administración de Justicia que correspondan a cada jurisdicción.
En diálogo con Diario Judicial, el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), Luis Cevasco, señaló que estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo entre varios fiscales representantes de distintas provincias, el ministro de Justicia, Julio Alak, y la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, donde se formalizó este pedido.
El fiscal explicó que “se les explicó el planteo que estábamos llevando a cabo y que se podía considerar inconstitucional que una actividad relacionada con la recolección de pruebas fuera llevada a cabo por un organismo de este tipo”.
Cevasco contó que se enviaron notas a los senadores y, ahora, a los presidentes de los distintos bloques de ambas cámaras. “El planteo que se hace es que, como la Constitución lo establece, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deben organizar sus poderes judiciales y aplicar los códigos de fondo. Las escuchas no son más que un medio de obtención de pruebas elaborado gracias a avances tecnológicos, y estos procedimientos siempre se llevan a cabo en un contexto y bajo la observación de la provincia”.
El integrante del Ministerio Público porteño afirmó que “se mezclan muchas situaciones en este pedido, porque nosotros tenemos que pensar en esto más allá de las personas que ocupen los cargos de las instituciones en un contexto. Hay sectores políticos que plantean discusiones desde este lugar. Nosotros no queremos entrar en esa discusión, es lo que se ha dejado en claro en las reuniones con el ministro Alak”.
En el escrito, los integrantes de las organizaciones señalaron que “las intervenciones telefónicas están previstas y reglamentadas en las legislaciones procesales y constituyen una metodología de gran utilidad para el esclarecimiento de delitos graves en general y en particular para los supuestos de la denominada delincuencia organizada; la aplicación de estas medidas demanda el uso de recursos tecnológicos que deben ser desarrollados en el ámbito de los organismos de investigación penal de los que se valen los fiscales en el sistema acusatorio”.
“En este aspecto, la autonomía investigativa de las Jurisdicciones Provinciales y Ciudad Autónoma, como factor fundamental de la independencia judicial, debe ser concretada eliminando las situaciones de total dependencia de los fiscales a la cooperación de organismos del Poder Ejecutivo, que han caracterizado a la tradición del proceso penal en la Argentina”, explicaron los fiscales y procuradores generales.
“Asimismo aparecería como contrario al orden constitucional, y en especial a nuestra organización federal, el centralizar esta atribución, cuando se trate de causas provinciales o Ciudad Autónoma, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, añadieron, siguiendo esta línea argumental.
Los funcionarios consignaron que “en las circunstancias actuales, cuando se evalúa la reorganización del sistema de observaciones judiciales nacional, consideramos conveniente que los organismos encargados de llevar a cabo las intervenciones telefónicas sean puestos en el ámbito del organismo integral de investigación forense que deberá asistir a los fiscales en la investigación que cumplirán conforme al nuevo régimen procesal penal”.
“A fin de evitar la dependencia de las autoridades locales respecto del sistema de investigación nacional y el colapso de ese sistema central, consideramos indispensable que estas actividades se cumplan, cuando se trata de causas de competencia provincial, por áreas técnicas especialmente desarrolladas en las distintas jurisdicciones”, entendieron los firmantes de la nota.