El Pleno del cuerpo postergó nuevamente una serie de concursos para cubrir diferentes cargos en Tribunales de la Capital Federal y de la Justicia Federal. También se decidió aprobar la desestimación del expediente contra el magistrado Villafuerte Ruzo, así como avanzó la sanción contra una jueza Federal de Mendoza. El interrogatorio al juez Casanello por las causas de corrupción.
Algunos minutos después del horario pautado, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez dio inicio al Plenario.
En primer término, se realizaron las audiencias públicas destinadas a cubrir el cargo de vocal en Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. En la misma, se presentaron los magistrados Julio César Báez, Javier López Biscayart, Sebastián Norberto Casanello, Domingo Esteban Montero y Mariano Llorens.
Debemos recordar que el juez federal Casanello es el encargado de llevar adelante la investigación contra el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero. En este contexto, los consejeros lo interrogaron sobre el combate al crimen organizado y el lavado de activos.
“Las causas autónomas de lavado, son muchas y las que nos llegan a nosotros son a partir de los reportes de operaciones sospechosas que nos remite la UIF. Nos vemos ante una investigación complicada, ya que debemos buscar toda la historia de esa persona en corto y mediano plazo para ver si hay o no una justificación. Los jueces de instrucción tenemos la complicación de que debemos ser imparciales y comprometernos, pero debemos delegar. Por eso creo que tenemos que ganar en informalidad para una investigación eficiente pero es difícil", afirmó el juez federal ante las preguntas formuladas.
En esta ocasión, sólo el postulante Domingo Esteban Montero hizo una crítica respecto al concurso. “Advierto que los consejeros no consideran el reglamento”, afirmó ante el asombro de los miembros del pleno.
“Hay ilegalidad en el dictamen de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, y sería bochornoso que se cumpla un delito”, señaló respecto a la reglamentación que remarca que deben pasar tres años desde que se asumió al cargo para anotarse en un nuevo concurso. De esta forma, destacó que "Casanello no cumple con el plazo ya que asumió en octubre de 2012".
La presidenta Gabriela Vázquez recordó que" es un tema ya debatido en otra reunión". Sin embargo el diputado Héctor Recalde afirmó: “No están imputando un delito y a mí me afecta”.
A continuación se realizó una breve audiencia pública en el marco del concurso Nº278, destinado a cubrir 7 cargos en los Tribunales Orales de la Capital Federal Nº1 ,7 y 8. No obstante, otra vez no se logró avanzar en el proceso de designación de postulantes para los cargos vacantes, ya que los consejeros pidieron la postergación de los mismos.
Entre los candidatos que se proponen para integrar la terna que se remitirá al Poder Ejecutivo se encuentra Sabrina Namer, una de las nuevas fiscales de la UFI-AMIA designadas recientemente por la procuradora Alejandra Gils.
En otro orden de temas, el presidente de la Comisión de Reglamentación, Miguel Piedecasas informó que terminaron la redacción de un ante proyecto para ordenar la logística en los concursos. “Ahora nos vamos a reunir con los consejeros, y para la semana que viene calculo que tendremos terminado el proyecto de reforma solicitado”, agregó Piedecasas.
Otra vez la culpa fue de los plazos legales
Luego de unos minutos de descanso, el Plenario trató los expedientes con tres años cumplidos. En primer lugar, se analizó el expediente contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás.
El ex consejero Hernán Ordiales presentó un proyecto por medio del cual se proponía aplicar la sanción de multa equivalente al 30% de los haberes. De esta manera, Julián Alvarez hizo suyo el proyecto.
Nuevamente surgió la discusión sobre los plazos legales respecto al vencimiento de los expedientes. Dentro del Consejo hay posturas disimiles sobre contabilizar la feria judicial o no en los plazos jurídicos.
El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez aseveró: “Este tema fue tratado en el anterior plenario y discutido. Constantemente nos pasados archivando causas por el plazo de los tres años en vez de tratarlas o resolverlas en su caso negativamente con desestimaciones”.
“Estamos hablando sobre actuaciones de un juez cuestionado que dejó prescribir causas en las que intervino la policía de la provincia de Buenos Aires”, alegó Alvarez.
Luego de la deliberación, los consejeros aprobaron por siete votos contra seis la desestimación del expediente contra el magistrado Carlos Villafuerte Ruzo.
Finalmente, se pasó al tratamiento del expediente “Parodi Aldo Sergio c/dra. Olga Pura Arrabal (Jueza Federal de Mendoza)”. El ex consejero Mario Cimadevilla presentó un proyecto por medio del cual se proponía aplicar la sanción de advertencia. Por su parte, el juez Luis María Cabral presentó otro para desestimar la denuncia.
Los integrantes de Consejo explicaron que el expediente se inició porque la jueza “sacó copia de un documento y lo usó como prueba en una causas donde es actora”. A pedido de los consejeros se pasó a votar nominalmente, y de esta forma, se aprobó la sanción de advertencia.
Asimismo se votó por unanimidad declarar abstracta la denuncia formulada contra el magistrado Alberto Ize. El juez había sido demandado por presuntas defraudaciones al Estado a través de la ANSES.
En último lugar, se analizaron los dictámenes de la Comisión de Administración y Financiera. De esta manera, se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por María Verónica Romano, en representación de su padre Otilio Ireneo Roque Romano por el cobro de vacaciones no gozadas.