Pero, como ya había una denuncia en manos
del juez Guillermo Tiscornia, este pedido de actuación judicial fue incorporado a la primera investigación. Al parecer Tiscornia derivo todo a la Comisión Administrativa que depende del
secretario de Industria, Alietto Guadagni, para que realice el respectivo sumario. Pero el pedido de esta comisión de conseguir pruebas en
el Instituto del Cemento Pórtland para comparar los precios y determinar si existen prácticas anticompetitivas o no, ingresó en un laberinto jurisdiccional porque, hasta el viernes, ninguno de los jueces había fijado la competencia para su intervención. Lo llamativo es que la ley impone un plazo de 48 horas para que el Juez se pronuncie, y en caso de corresponder, haga lugar a la producción de las medidas.
dju / dju
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