En el fuero federal causó sorpresa un dictámen del jefe de asuntos jurídicos de la Cancillería Dr. Mariano Maciel que ante el nuevo pedido del juez Garzón para que se proceda a la detención de 98 personas imputadas por la comisión de delitos durante el régimen militar, informó a la justicia federal que la cuestión ya se encontraba resuelta en un anterior decreto firmado por el presidente Menem por un pedido similar que abarcaba a otros militares sometidos a la investigación española.
La interpretación a que podrían arribar los jueces que reciban el nuevo pedido, es que aquel decreto cumplía el objetivo de denegar el trámite de extradición para aquel caso concreto, pero ante el nuevo pedido podría tener que llegar a dictarse un nuevo decreto. Esta nueva intervención del Poder Ejecutivo podría constituír uno de los primeros actos de gobierno del presidente electo ya que el gobierno saliente no estaría muy apurado por firmarlo.
El debate principal no es si los 98 imputados deben o no ser extraditados, sino quién asume el costo político de denegar el pedido del juez español: el presidente en ejercicio, el presidente electo o los jueces federales.
dju / dju
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