Oliveira también efectuó una denuncia penal contra el titular del PAMI Víctor Alderete, a raíz de la designación en el Directorio de la entidad de unos de sus integrantes que a su vez cobraba de la Obra Social una jubilación por invalidez total por trastornos psicológicos.
Se trata de Elpidio Eligio González, quien por esa jubilación percibe desde 1997 la suma de 4800 pesos mensuales. Por este hecho, Oliveira acusó a Alderete, González, los miembros del directorio y médicos que hayan intervenido en la presunta maniobra por los delitos de defraudación contra la administración publica, malversación de caudales públicos, falsificación de certificados médicos y encubrimiento.
Respecto del pedido de intervención efectuado ante el juzgado federal Civil y Comercial 5, la defensora, en representación del instituto de la tercera edad, pidió que se intime a la normalización en la entrega de los medicamentos, ratificada a efectos de "garantizar" el suministro.
Oliveira aclaró sin embargo que el pedido de intervención "no persigue el desplazamiento de las autoridades (del PAMI) ni de la administración que las mismas ostentan, sino que pretende que el funcionario que Vuestra Señoría designe -en su caso- pueda mediante la intervención hacer posible la entrega de medicamentos y prestaciones".
La medida cautelar reclamada dentro de la normativa del artículo 232 del código de procedimientos penal, con el objetivo de garantizar y asegurar las prestaciones, "a fin de evitar el perjuicio inminente o irreparable evidenciado".
Las denuncias fueron presentadas ante el juzgado federal número 12, a cargo de Gustavo Literas; y en el Civil y Comercial 5 , cuyo titular es Jorge Anderson.