20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Investigan en Brasil cuentas bancarias por narco lavado de dinero

Encontraron en Brasil, una lista de más de 50 personas, entre ellos empresarios y funcionarios públicos, dos diputados y una jueza, vinculados al narcotráfico. Por ello una Comisión del Congreso en Río de Janeiro que investiga la penetración de la Droga a

 
Dos diputados de Río de Janeiro y una jueza figuran en la lista de más de 50 personas y empresas que perdieron el derecho al secreto bancario y fiscal por decisión de la Comisión del Congreso que investiga la invasión del narcotráfico en Brasil.

Son dos miembros de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, los legisladores; Nubia Cozzolino y Jorge Teodoro dos Santos, así como la juez penal de la ciudad de Miracema, Valdeci López Pinheiro, encabezaban la lista de 44 personas y de seis empresas vinculadas con el narcotráfico en Río de Janeiro y Sao Paulo, cuyas cuentas bancarias serán investigadas por la Comisión del Congreso en Brasil.

La lista incluye empresarios del estado de Sao Paulo que tendrían vínculos con una organización criminal supuestamente comandada por el ex diputado federal Hildebrando Pascual, que ha sido despojado de su cargo y está detenido, y su colega Augusto Farías.

Este último es hermano del desaparecido empresario Paulo César Farías, ex tesorero electoral del ex presidente Fernando Collor (1990-1992) y principal protagonista del escándalo de corrupción que obligó al entonces jefe de Estado a renunciar en la mitad de su mandato.

Los miembros de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que ha desarticulado importantes grupos de narcotraficantes en quince estados del país, conformaron anoche la lista de las primeras personas que serán investigadas en Río de Janeiro y Sao Paulo, los dos estados más importantes de Brasil.

El relator de la CPI, diputado Moroni Torgan, confirmó que la CPI pidió formalmente al Banco Central (BC, emisor) que entregue al Congreso todos los extractos bancarios y las declaraciones de impuestos de renta de las 50 personas y empresas que figuran en su primera lista de investigados.



dju / dju
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