¿Ex presidiarios, al Estado?

Existe una iniciativa presentada recientemente por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la que se pretende establecer un cupo laboral en la Administración Pública para los ex condenados. A partir de ello DiarioJudicial.com salió al encuentro de varios profesionales para saber la opinión sobre la iniciativa.

En primer lugar, el profesional Raúl Frassinelli aportó una perspectiva cuidada sobre la temática. “Los métodos de resociabilización tienen que encararse por otro lado, no involucrando a los supuestos resocializados en el aspecto judicial”, dijo. “Tiene que darse con una posibilidad de trabajo, una adaptación en el penal y recién después sacarlos a la calle”, agregó.

Siguiendo esta línea, aunque de una manera radical, se expresó Horacio C. Ante la pregunta expresó un rotundo “no” porque “ya está hecho y donde lo pongas no tiene arreglo”. Aunque luego reparó en una diferencia: “Si es un delincuente primario sí”, aunque “depende que delito haya cometido”.

Alfredo Condomé, otro profesional consultado, explicó la importancia de “la historia personal que tenga” el condenado. “Es una oportunidad”, y “depende como se implemente, el plan puede ser muy bueno” aunque “hay algunas experiencias que no han dado muchos buenos resultados”.

Quien también reparó en la claridad de las formas fue Vanina Montero. “Dependerá de los requisitos para el ingreso, de los delitos que se le imputaron, por qué razones fueron condenados” y “del seguimiento que se haga en cada juzgado respecto del desempeño laboral del condenado y de su grado de educación”.

En igual sentido se manifestó Víctor Gramajo. “Estoy de acuerdo en cuanto haya trabajo que se le pueda dar, ya sea en la administración pública o privada, y de alguna forma tenerlos bajo control”, opinó. Pero agregó: “En el Poder Judicial me parece un poco raro porque habría que tener alguna instrucción técnica”. “En la administración pública en general, puede ser, en la administración judicial es un poco más complicado”, concluyó.

Luego, ante la pregunta por si un plan como este podría incidir positivamente en la lucha contra “la inseguridad”. Gramajo sostuvo que “siempre hay que tratar de integrarlos a la sociedad, hay algunos que son recuperables y otros que no. Habría que poder identificarlos y darle a cada uno el lugar que le corresponde”.

En tanto, Fassinelli fue más rotundo. “De ninguna manera”, sostuvo, y agregó: “La prueba está en las reincidencias”. “Se agotan los medios alternativos de resociabilización que hay actualmente y, sin embargo, hay reincidencia. Las cosas hay que encararlas por otro lado”, señal{o, y propuso: “Lo que hay que estudiar a fondo es un nuevo sistema penitenciario y no el vigente”.

Esta iniciativa se enmarca en un plan impulsado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, en el que se incluyen entre estas modificaciones a la reforma a la Ley de Ejecución Penal la creación de nuevas salas del Tribunal de Casación Penal descentralizadas en el resto de la Provincia y la creación de la Policía Prevencional. Sin embargo, según fuentes de la Legislatura bonaerense consultadas por este medio, todo este paquete de proyectos todavía no tomó estado parlamentario.