Los escuadrones del GAL llevaron a cabo entre 1983 y 1987 una serie de persecuciones y asesinatos políticos de supuestos terroristas vascos, y mataron a 28 personas.
El tribunal, que recibió ayer jueves la exposición razonada de Garzón, debe decidir ahora si procede actuar penalmente contra González, ya que en caso afirmativo debería asumir la causa y pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso.
En opinión del juez existen indicios de que González tuvo conocimiento de la actuación de los GAL.
Garzón consultó al Tribunal Supremo en relación al denominado "Caso Oñaederra", que investiga el surgimiento de los GAL entre julio y septiembre de 1983, los asesinatos de Ramón Oñaederra, Angel Gurmindo y Vicente Perurena, y el atentado en el que murió Christian Olazkoaga y resultó herido Claude Olazkoaga. Todas estas acciones fueron cometidas en el sur de Francia y reivindicadas por los GAL. La justicia española intentó ya en una ocasión iniciar investigaciones contra el ex presidente socialista, pero el Supremo decidió en ese caso hace tres años por una escasa mayoría que González no debía comparecer ante la justicia. En julio de 1998 la corte condenó sin embargo al ministro del Interior del gobierno socialista, José Barrionuevo, a diez años por su participación en la »guerra sucia» contra ETA.
En opinión de los jueces, el ministro y la cúpula de la cartera de Interior estuvieron involucrados en los delitos de los GAL. Barrionuevo y los otros condenados han apelado ante la Corte Constitucional.
El juez basa su actuación actual en informaciones que emergen de papeles desclasificados del servicio secreto español CESID. Desde la anterior decisión del Tribunal Supremo »han aparecido otros elementos que han sido objeto de controversia y estudio», afirma Garzón. En su documentación el letrado menciona una nota del CESID del 28 de septiembre de 1983 en la que se anuncia el inicio de las actividades violentas de los GAL del que se habría dado cuenta al presidente del Gobierno Español, anotado en el documento como “Pte. para el viernes”.
Esta abreviatura ha generado polémica entre quienes creen que alude claramente a que González sería informado al respecto ese viernes -como ha declarado el ex número dos del CESID Juan Alberto Perote- y quienes consideran que significa »pendiente».
En su auto el magistrado reproduce la nota de despacho del CESID conocida como »Acta Fundacional de los GAL», de cuyo estudio se desprende en su opinión »la existencia de un plan inicial para formar una organización criminal».
El juez señala que en el documento del CESID se dice que »sólo quien está conduciendo la lucha contra el terrorismo en su conjunto podrá decidir emprender o no este tipo de acciones», palabras que podrían referirse al ex primer ministro español.
Garzón añade que »no comparte» la opinión de que los GAL »fueron una organización que surgió por generación espontánea, aislada y ajena a los ámbitos de competencia del Estado» y que por el contrario está acreditado »que los GAL integran una organización criminal creada desde instancias oficiales».
»Al margen de que el instructor entienda, como lo entiende, que la consistencia de los nuevos elementos, aislados de toda otra circunstancia, no autorizaría la elevación de la exposición razonada, es lo cierto que, unidos a los que en su momento se tuvieron formalmente en cuenta, estos nuevos datos pueden motivar un punto de vista diverso o confirmar el adoptado, rechazando la eficacia de los nuevos elementos», señala el juez.
Por su parte, la fiscalía española aseguró hoy que recurrirá el auto del magistrado por entender que la resolución del juez »va en contra del criterio mantenido» en el llamado »caso Oñaederra» por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en julio del año pasado ya solicitó a Garzón que no se dictara auto de procesamiento contra persona alguna »por no existir indicios de criminalidad racionales».