El objetivo de la administración de Clinton es penar el blanqueo de fondos no sólo provenientes de la venta de droga sino del pago de sobornos a funcionarios, del tráfico de armas, del fraude de la corrupción y de los delitos violentos.
Así lo admitieron el subsecretario de Hacienda de los Estados Unidos, Stuart Eizenstat y el subsecretario de Justicia, Eric Holder, al explicar los alcances de un proyecto de ley que el ejecutivo norteamericano envió al Congreso para ampliar el castigo por el lavado de activos.
Esta iniciativa además tipificará y posibilitará a los Tribunales americanos a tener jurisdicción sobre bancos extranjeros y amplía el acceso de los fiscales federales a los registros de las empresas extranjeras "para ayudarlos a rastrear el dinero vendido en el sistema del mercado negro del cambio de pesos en el cual las ganancias procedentes de las drogas en las ciudades de los Estados Unidos son finalmente convertidas en mercadería introducida de contrabando en Colombia", según un comunicado oficial del Departamento de Hacienda norteamericano difundido en Buenos Aires por la embajada de ese país.
El proyecto de ley se refiere a que solicitará a las personas que compran dólares procedentes de la venta de drogas al mercado negro de Colombia que prueben que no tenían motivo para saber que esos billetes procedían de una transacción ilegal.
La norma contempla convertir en delito el contrabando de dinero en masa (obtener más de 10 mil dólares de los Estados Unidos) y prevé la confiscación de esa moneda. Será penado quien transportara de un Estado a otro más de 10 mil dólares en efectivo, a sabiendas de que su procedencia es ilegal.
En nuestro país está castigado el blanqueo de fondos provenientes de la venta de d rogas. Está penado en el artículo 25 de la ley 23.737. No hay una normativa específica para penalizar el lavado de dinero proveniente de otras actividades ilícitas.
El juez federal Gabriel Cavallo que investiga a la viuda de Pablo Escobar Gaviria por el supuesto blanqueo de fondos de la droga explicó que "no tenemos una ley buena, no tenemos directamente un ley de lavado de dinero y puede que sea un problema político serio no tenerla".