En declaraciones que con seguridad generarán polémica, al menos por los reclamos de los trabajadores judiciales, Gil Lavedra prometió que a partir del 10 de diciembre "vamos a tender soluciones de emergencia para sectores de la Justicia que están en colapso como la correccional y de instrucción penal".
"Junto con el Ministerio del Interior -dijo- se va a aplicar un plan nacional de política criminal que articule el sistema penal con las políticas sociales".
En ese marco, señaló al matutino "Pagina 12" que se pondrá "en funcionamiento la fiscalía de la transparencia o contra la corrupción. Se propiciará la sanción de un régimen Penal juvenil, y crearemos la ley de acceso a la información para que cualquier particular pueda obtener información sobre áreas del Estado".
Además, Gil Lavedra reiteró sus afirmaciones publicas de los últimos días, en el sentido que no habrá cambios en los juzgados federales ni en la Corte Suprema de justicia salvo los que se produzcan por "modos naturales; que se respetarán los tratados de extradición y que al general golpista paraguayo Lino Oviedo se le buscará otro país no limítrofe.
Al ser consultado acerca de cuáles son las causas judiciales que le preocupan al futuro gobierno de Fernando de la Rúa señaló que aquellas "que puedan aumentar el desequilibrio fiscal, que tengan impacto económico serio por ejemplo, que puedan sucederse episodios como la decisión de la Corte de otorgar los retiros militares (que implican unos 4000 millones de pesos). En otro orden, la de Amia es una causa importante. Hay que impulsar que llegue a juicio oral".