Se descuenta que Balza reitere ante el magistrado los argumentos que expuso ya públi camente, en el sentido que de su fuerza no falta material, y que defenderá los convenios por los cuales fueron remitidos a Fabricaciones Militares cañones para su reparación, entregando armamento en desuso como pago por esos trabajos.
La entrega de ese material se concretó a través de la firma de un convenio que la fiscalía entiende fue utilizado como escudo para entregar el armamento que iba a ser vendido, en operaciones de triangulación, ya que los destinos finales no eran los que aparecían en los decretos.
Según las investigaciones realizadas por el fiscal federal Carlos Stornelli existe un faltante en el Ejército de material bélico que habría formado parte de los cargamentos detectados en las operaciones de venta a Ecuador y Croacia, utilizando como pantalla decreto que fueron refrendados por el gobierno anterior. Entre ese material, que habría salido del pais entre 1991 y 1995, se cuentan cañones de 155 milímetros Citer, y obuses de 105 mil;imetros de Otto Melara de fabricación italiana.
Balza no firmó el convenio con Fabricaciones MIlitares y en su lugar lo hizo el ex subjefe del Ejército Raúl Gomez Sabaini, quien esta semana fue indagado y defendió ese acuerdo, durante las dos jornadas en las que se extendió su declaración en la que debió responder a más de un centenar de preguntas de la fiscalía.
Voceros consultados cercanos a la causa destacaron que la indagatoria a Balza podría extenderse por lo menos durante dos días.
Si el juez lo indaga bajo la calificación de "jefe de una asociación ilícita", tal como lo pedía el fiscal Stornelli en el dictamen de 250 fojas que presentó ante el juzgado de Urso, Balza debería quedar detenido por no ser un delito que permita el otorgamiento del beneficio de la excarcelación.