El magistrado investiga la existencia, durante el régimen militar, de un plan sistemático para la sustracción y supresión de identidad de las criaturas nacidas en cautiverio, hijas de personas desaparecidas.
El pasado 3 de diciembre Suárez Mason se sometió a una extensa indagatoria y desde ese día permanece alojado en una dependencia de la Gendarmería en Campo de Mayo.
Todavía no pudo confirmarse si Bagnasco le concederá el beneficio de cumplir arresto domiciliario ya que el ex militar, que fue expulsado de las filas del ejército, tiene 74 años.
A Suárez Mason se le imputaron 12 hechos cometidos cuando él ocupaba la jefatura del disuelto Primer Cuerpo de Ejército, en cuya jurisdicción se encontraban centros clandestinos de detención de esta Capital y el Gran Buenos Aires, como el denominado Pozo de Banfield, Automotores Orletti, la Cacha y la Comisaría Quinta de La Plata.
El ex militar es considerado "autor mediato" de la sustracción y supresión de identidad de los hijos de Inés Ortega de Fosatti, Liliana de la Cuadra, Silvia Valerzi, María Castelloni, Silvia Muñoz Barreiro, María Delia Garín de De Angellis, Cristina Silvia Navajas de Santucho, Estela Maris Montesano de Ogando, Gabriela Carriquiriborde, Laura Estela Carlotto, María Claudia García Yturreta Goyena, y del menor Simón Antonio Riquello.