Ayer Garzón insistió con su objetivo de querer extraditar y detener fuera de la Argentina a 96 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad acusados de "genocidio". Pero ese delito no está contemplado en el Código Penal argentino por lo que se hace difícil lograr la extradición aunque Rafael Videla, Emilio Massera, Leopoldo Galtieri y el resto de generales, almirantes y brigadieres que compartieron el poder entre 1976 y 1983 no podrán ausentarse del país: apenas crucen las fronteras nacionales, corren el riesgo de tener la misma suerte de Pinochet y ser detenidos por Interpol donde se encuentren para ser llevados al banquillo que les tiene asignado Garzón. Pero lo que parecía un capricho del juez español -fustigado hasta por los mismos socialistas como Felipe Gonzalez, Fernando De la Rua -recién ingresado a la Internacional Socialista- o el chileno Ricardo Lagos- se ha extendido a varios jueces argentinos. Servini de Cubría avanzó hasta interrogar en una cárcel militar chilena al principal estratega de la política represiva de Pinochet: su ex jefe de la DINA (Servicio Secreto) acusado de haber cometido varios atentados de lideres opositores en el extranjero y en Buenos Aires de haber matado al ex jefe del Ejército de ese país, Carlos Prats. Pero el objetivo de la jueza no se termina en este general o en su segundo, Pedro Espinoza y en el resto de actuales altos oficiales que piensa volver a interrogar, sino en el anciano ex general y actual senador que se encuentra confinado en Londres.
Pero no es la única. Bagnasco, quien ya avanzó en el procesamiento de militares claves durante "la era de plomo" por su presunta responsabilidad en el secuestro de hijos de detenidas-desaparecidas en los centros de detención clandestinos y entregados en adopción ilegal, se propone meterse con la todavía misteriosa "Coordinadora Cóndor", un "metié" que ya inició su par Bonadío. Qué el plan Cóndor funcionó, lo demuestra la estrategia de defensa de Contreras de negar plenamente su existencia y de adjudicarle todo a un invente de un ex espía del FBI asentado en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires: Robert Scherrer.
Este agente fue comisionado a Buenos Aires cuando Contreras no tuvo mejor ocurrencia que atentar contra Orlando Letelier, el ex canciller de Salvador Allende, en plenas narices del gobierno norteamericano, quien ya había decidido dejar de respaldar a los regímenes militares. Claro que para ello, los republicanos de Richard Nixon y Gerald Ford habían sido desplazados por los demócratas de Jimmy Carter. La muerte de Letelier en Washington aceleró el fín del apoyo estadounidense a Pinochet y por ello el doble espía de Michael Townley –hoy testigo protegido y por lo tanto inimputable- entregó a la CIA y al FBI toda la información sobre los dos atentados y el de Bernardo Leighton, ex vicepresidente chileno en Roma.
Las declaraciones de Contreras al diario "El Mercurio" se contradicen con la historia de la denominada "Coordinadora Cóndor". Tanto el informe de Scherrer como datos de Inteligencia de la época la presentan como "una multinacional" de los servicios secretos de los gobiernos militares del Cono Sur, más Bolivia y Paraguay -allí habría funcionado su centro neurálgico bajo la protección de Alfredo Stroesner- para enfrentar a la otra -dicen- multinacional de la subversión: la Junta Revolucionaria Latinoamericana que nucleaba a las organizaciones terroristas -MIR, ERP, Montoneros, FAR, Tupamaros y otras- de esos mismos países.
Ese misterio pretende ser develado 20 años después ya que la "Coordinadora Cóndor" se habría desintegrado a raíz del conflicto argentino-chileno que estuvo a punto de llevar a los dos países a una guerra en 1978 a raíz de que los agentes chilenos en ese organismo, comenzaron a espiar a los militares argentinos. Esa acción llevó a la detención de Enrique Arancibia Clavel, el único detenido y sometido a juicio por el crimen de Prats. Arancibia Clavel es hermano de un almirante en actividad de la Marina de Chile, además de haber sido un ex agente de la DINA y militante del grupo ultraderechista Patria y Libertad con fuertes lazos con la Triple A de José López Rega. Al punto que su principal socio en el atentado fue Néstor Ciga Correo, ex chofer de Oscar Ottalagano, ex rector de la UBA y contacto con la SIDE paramilitar de Aníbal Gordón. Ciga Correa está profugo de Servini de Cubría.
Tanta ofensiva judicial externa ha abierto brecha en la cerrada negativa de Chile de enjuiciar -solo Argentina se atrevió a juzgar a las Juntas Militares- a sus generales, brigadieres y almirantes acusados de graves crímenes de lesa humanidad. Hace poco fue Servini de Cubría hasta la cárcel militar de Punta Peuco, un hecho impensado hasta la detención de Pinochet por el gobierno del premier Tony Blair. Ahora, el fiscal de la Corte Suprema de ese país -equivalente a nuestro Procurador General- aprobó que el juez francés Roger Le Loire interrogue a ex agentes de Pinochet. "Las diligencias que se solicitan en nada se contraponen al derecho chileno", dijo Enrique Paillás en relación al pedido de Le Loire que investiga la desaparición de cinco ciudadanos franceses entre 1973 y 1980, en pleno apogeo del anciano general.