04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Promueven nuevos juicios contra ex funcionarios

La Oficina Anticorrupción pedirá la Justicia que se investiguen las secretarías que ocuparon María Julia Alsogaray y Claudia Bello.

 
La flamante Oficina Anticorrupción promoverá el mes próximo nuevos juicios contra Alderete y emprenderá acciones contra las ex secretarias de estado del gobierno justicialista Claudia Bello y María Julia Alsogaray.

Así lo anunció hoy tras visitar al titular del nuevo organismo investigativo, José Massoni, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Nación Carlos "Chacho" Álvarez, quien hoy concurrió a la oficina dependiente del ministerio de Justicia.

Álvarez confirmó que la Oficina Anticorrupción, que colabora con las investigaciones que se llevan a cabo en el PAMI, se presentará como querellante a partir de la finalización de la feria judicial, para promover causas penales contra las ex Secretarias de Medio Ambiente y de la Función Pública, María Julia Alsogaray y Claudia Bello, respectivamente.

También se pedirá a la Justicia que se investiguen las últimas gestiones en la emisora estatal Argentina Televisora Color, cuya nueva conducción denunció el grave endeudamiento que afecta al canal oficial.

Además Massoni le comunicó a Álvarez que expertos de la Oficina Anticorrupción colaboran con las investigaciones que lleva a cabo la intervención a cargo de Cecilia Felgueras.

En ese sentido, pudo confirmarse que probablemente la semana próxima, la Oficina denuncie penalmente a Alderete a raíz del hallazgo de un expediente interno del PAMI, encontrado en una de las 96 cajas que el juez federal Gabriel Cavallo ordenó secuestrar en un depósito de Morón, a donde habían sido llevadas por orden del ex funcionario.

En dicho expediente (número 2009409856640000) se daría cuenta de irregularidades en las contrataciones que se efectuaron para la realización, en Mar del Plata, de las Primeras Jornadas de Capacitación para los consejeros asesores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

El expediente contendría recomendaciones de la Gerencia de Legales del PAMI para que se efectuase la denuncia penal correspondiente debido a un aparente pago de sobreprecios en la contratación de servicios y de irregularidades en el pago de alojamiento de las delegaciones. Sin embargo, esta denuncia nunca se concretó.

Por otra parte, Álvarez denunció públicamente la presencia de irregularidades entre las 30 mil declaraciones juradas presentadas por funcionarios ante la Oficina de Ética Publica y dijo que promoverá en el Congreso que las mismas dejen de ser secretas.



dju / dju
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