Cruchaga, explicó a Diario Judicial que el procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, ofreció una alternativa consistente en ampliar las facultades de los Defensores Oficiales, para que se responsabilicen de la Defensa del Fisco.
“Se está estudiando lo que el doctor Mercer llamó una medicina alternativa. La situación es grave respecto a la Defensa del Estado. El Procurador del Tesoro pidió algún camino para que el Estado pueda defenderse”.
Ante el rechazo que la iniciativa oficial había despertado tanto en el oficialismo como en la oposición, por considerarla anticonstitucional, el Procurador del Tesoro lanzó un proyecto alternativo, que analizó con la titular de la Comisión Asuntos Constitucionales, Elisa Carrió. Esta última sostuvo que “es un error del gobierno no pagar los juicios del Estado, y que el mismo postergue las demandas que tiene en su contra, más cuando hay sentencia favorable”.
Esta posición de la diputada radical produce posturas encontradas dentro de la Alianza.
En general la opción de Mercer fue aceptada por los legisladores, sobre todo los justicialistas, quienes decidieron estudiar detenidamente cada artículo.
Tal como adelantó el diputado Cruchaga, la situación es bastante crítica ya que hay 350 mil pleitos por montos de más de 19 mil millones de dólares, que se elevarían a 37 mil millones con los nuevos ya iniciados.
Se planteó que los jueces deberán remitir, mediante un oficio a la Procuración del Tesoro, un relevamiento de los juicios elevados contra la administración pública. La procuración contará con un plazo de 15 días para tomar intervención y quedarán suspendidos por ese término los plazos procésales.
En las jurisdicciones del interior, se nombrarán defensores oficiales que entenderán en los juicios durante un año.
Por último, se prevé que el Poder Ejecutivo podrá, por motivos de complejidad en las causas o emergencia pública, ampliar plazos procésales hasta 60 y 120 días.