En su pronunciamiento, la Cámara planteó la gravedad institucional que implica este tipo de iniciativas inconsultas, y por ello comunicó su disconformidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y al Poder Legislativo.
Afirman que la Cámara logró recientemente no tener causas pendientes, y según las últimas estadísticas del fuero se resolvieron a lo largo del año aproximadamente treinta mil juicios, es decir 100 causas por mes por cada Juez de Cámara. La existencia de ocho mil expedientes en trámite “exige mantener el mismo ritmo”, sostienen.
A esta crítica situación hay que sumar la posible homologación del convenio colectivo para los Trabajadores de la Administración Pública Centralizada, que desplazaría hacia este fuero los numerosos conflictos del empleo público que hasta ahora se tramitan en la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
Por último señalan la existencia de reparos de índole constitucional que puede suscitar la metodología del proyecto en relación al principio de inamovilidad de los jueces. También señala el pronunciamiento que fue la propia Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social quien denunció que “el nivel de litigiosidad en ese ámbito puede ser reducido drásticamente por el Poder Ejecutivo a través de medidas de su resorte específico, lo que reafirma la inconveniencia y falta de razonabilidad del traslado proyectado.
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