Los fiscales Guillermo Montenegro y Paul Stark ya comenzaron a analizar las copias de la presentación que consta de 158 fojas, en las cuales se condensan las principales irregularidades detectadas durante la gestión de Alderete al frente de la Obra Social de los Jubilados y Pensionados, tanto durante la intervención como en el período en que dicha obra social fue normalizada, mediante un decreto del ex presidente Carlos Menem, el 197, de 1997.
Stark y Montenegro investigan también otras denuncias contra Alderete, referidas a presuntas irregularidades en los contratos con la firma Funeral Home, otros con las prestadoras odontológicas y aquellos referidos a las prestaciones a los veteranos de Malvinas, causas radicadas en el juzgado federal de Gustavo Literas.
Los mismos representantes del Ministerio Público, tienen también en sus manos otras presentaciones por el pago de sobreprecios en la compra de libros para los jubilados y también la contratación del servicio de taxis aéreos Medical Jet, que quedaron radicadas en el juzgado de Jorge Urso.
Fuentes judiciales consultadas por Diario Judicial no descartaron la posibilidad de que Bagnasco extraiga parte de la presentación en caso que los otros juzgados lo consideren de interés para sus investigaciones.
También indicaron que tras la comparencia de Massoni se dará vista a los fiscales para que dictaminen.
Mientras tanto, el fiscal Eduardo Freiler se pronunció en contra de la constitucionalidad de la norma por la cual fue creada la Oficina Anticorrupción, ya que a su entender colisionaría con la del Ministerio Público. El dictamen del fiscal era analizado hoy por el juez federal Gabriel Cavallo, quien tiene a su cargo otra denuncia contra Alderete por el contrato en la adquisición de audífonos.
Ante este último magistrado, los defensores de Alderete, Carlos Arslanian y Edwin Torlasco, habían hecho un planteo similar en torno al poder de la Oficina de presentarse como querellante.
En un primer vistazo a la presentación, tanto el juzgado como la fiscalía recalaron en la estructura montada durante la anterior gestión. En el primer período de intervención del denominado Instituto de Servicio Sociales para Jubilados y Pensionados, la distribución de cargos jerárquicos da cuenta que el hijo de Alderete, Alejandro Tomás Alderete, ocupaba la gerencia de Acción cultural y Social, mientras que la esposa de este, Silvia Gabriela Menéndez paso de ocupar la Gerencia de Comunicación Social a la de Recursos Humanos, tras la normalización en el 97, en la que los cargos se distribuyeron prácticamente entre los mismos funcionarios, incorporando cuatro directos representando al sector de los jubilados.
Las fuentes consultadas indicaron que Bagnasco, como es su estilo en causas trascendentes como la de bebés desaparecidos y la de IBM. Banco Nación, aguardará a reunir los elementos suficientes para llamar a Alderete y a los demás ex funcionarios a indagatoria.
También indicaron que "no se manejará con las urgencias que aspira la Oficina Anticorrupción sino con sus propios tiempos, para evitar que se repitan situaciones similares a las que ocurrieron durante el anterior gobierno.