Alentado por el hallazgo de las actas en los archivos del Hospital Militar de Campo de Mayo -de cuya existencia había advertido hace un año, antes de ser procesado por el juez Adolfo Bagnasco- Nicolaides presentó hoy una denuncia en el juzgado de Gabriel Cavallo, imputándole a Balza los delitos de "violación de los deberes de funcionario público, falso testimonio agravado y supresión de medios de prueba".
Nicolaides también señaló en su presentación que durante el procedimiento que encabezó Bagnasco "aparentemente" se habría encontrado "una orden posterior de igual tenor, de incineración de documentación, emitida por el propio Teniente General Balza y en ocasión de haber desempeñado igual cargo que el suscripto en el año 1994".
Nicolaides cumple arresto domiciliario en Córdoba, procesado en la causa por la que se investiga la existencia de un plan sistemático para la sustracción y supresión de identidad de criaturas nacidas en cautiverio.
Al declarar como testigo en la causa, Balza fue consultado respecto de las ordenes impartidas por Nicolaides durante la última etapa del Proceso, y en ese sentido señaló que en el Ejército "no hay una sola constancia de estas actas ni un registro de las mismas" dejando abierta la posibilidad que "después de la orden de incineración, podría haber existido una orden verbal de que no se confeccionara el acta o que se destruyera".
En ese sentido, Nicolaides exigió que se aclare la situación, ya que podría mejorar su situación procesal en la causa en la que está imputado la confirmación de sus dichos, ya que en Campo de Mayo "se habrían encontrado actas de incineración relacionadas con el cumplimento de la orden emitida en noviembre de 1983".