Los gobernadores acordaron con De la Rúa un plan global para combatir la ola de delictiva e impulsarán tareas de prevención e investigación entre todas las policías del país.
Las Bases de Consenso del Plan Federal de Seguridad se resumieron en los siguientes catorce puntos:
# Desarrollar un plan para fortalecer la capacitación de las policías.
# Coordinar e integrar los sistemas informáticos y de comunicaciones de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para intensificar la lucha contra los delitos complejos.
# Crear grupos de acción conjunta entre policía vecinas para actuar en zonas limítrofes con rapidez, tanto en prevención como en investigación.
# Integrar y mejorar las actividades de los organismos de inteligencia para contar con información y análisis para la prevención del delito.
# Establecer mecanismos de participación ciudadana para mejorar la relación con la policía y para destacar la corresponsabilidad de la comunidad en la prevención y en el control e la actuación policial.
# Profundizar la cooperación entre La Nación y las provincias en materia de intercambio de información, para llegar a implementar un sistema único de información criminal sobre delitos, capturas, causas, identificación de personas y reincidencia.
# Dar prioridad al análisis y estudio de los proyectos de reforma de leyes penales sustantivas y procesales.
# Exhortar a las provincias a adecuar sus sistemas de persecución locales, homogeneización de los sistemas procesales.
# Establecer un plan interjurisdiccional entre el Ministerio de Interior, la AFIP y las provincias para luchar contra la piratería del asfalto y el robo de automotores.
# Reforzar la seguridad bancaria estableciendo en las sucursales sistemas de seguridad de última generación.
# Evaluar la actuación judicial en narcotráfico, contrabando y delitos complejos, entre otros.
# Desalentar la tenencia y portación de armas.
# Coordinar el reequipamiento de las fuerzas de seguridad.
# Establecer un programa de asistencia técnica de la Nación a las provincia en capacitación policial, participación comunitaria, confección de mapas del delito y prevención de la violencia escolar.
Estos puntos, cada uno en sí merecería su estudio profundo, lo que no descarto en sucesivas entregas, y parece un promisorio comienzo de buenas intenciones, pero no puedo dejar de percibir que es más de lo mismo.
Resulta altamente llamativo, que no se haya indicado como parte del plan, medida alguna, en lo concerniente al sistema penitenciario, el cual se encuentra en una crisis terminal, y que fuera materia de su discurso por parte del Ministro de Justicia, Dr. Ricardo Gil Lavedra, en un foro de la OEA.
Mencionó, entre otras cosas "La cárcel está en una crisis de legitimación profunda, ya que no cumple con los objetivos de las penas previstas por la Constitución, porque no brinda posibilidades de desarrollo personal que faciliten la reinserción de los internos. Además, se ha convertido en un ámbito propicio para la violación de las garantías más elementales de las personas privadas de la libertad y de sus familias, tiñendo de ilegitimidad toda la política criminal del Estado" (La Nación, pag. 20, domingo 5 de marzo de 2000).
Tal aseveración, no hace más que mostrar el lado más oscuro y decadente de la Política de Estado, en materia de Política Criminal. Se pide mayores penas y ello presupone más encierro, pero lo que no se dice es que el sistema de encierro, la disponibilidad de alojamiento se encuentra sobredimensionado y que la creación de nuevas cárceles privadas, va traer la reducción de otras ya vetustas, conforme fuentes del Ministerio de Justicia.
Esto nos lleva de lleno, a cuestionar toda política que no inserte en su solución, la participación tanto del Ministerio Público y de la Justicia Penal, ya que no sólo es necesario la investigación inteligente, sino también afinar la acción del estado, a través del Ministerio Público y de la justicia penal, la que aún sufre el mayor retardo presupuestario de todos los tiempos. La precariedad del sistema judicial es entendible desde que siempre fue un producto relegado y que sólo debía cumplir sus funciones con respecto al delito menor, pero en estos tiempos que corren, debe la magistratura ocupar un papel relevante en el combate del crimen.
El recelo propio de los organismos de seguridad en compartir datos, la falta de una oficina central de investigaciones, que aglutine, tanto la información, como las fuerzas de prevención conspira contra el objetivo buscado, y si no se encara con verdadera vocación republicana la transformación del Estado, en cuanto a su Política Criminal, con las modificaciones de fondo, sea pasando la policía al ámbito de la Procuración, la determinación de delitos federales, que permitan actuar en otras jurisdicciones, y la creación de una oficina federal de investigaciones, parece poco creíble la posibilidad de cambio, sin perjuicio que los puntos reseñados al principio, pueden ser la partida.