Así se lo hizo saber el alto jefe militar al juez federal Adolfo Bagnasco quien, a su vez, desistió de tomarle declaración testimonial en la causa por la que se investiga la presunta existencia de un plan sistemático para la sustracción y supresión de identidad de criaturas nacidas en cautiverio.
Alfonso, en un escrito remitido hoy a Bagnasco consideró "oportuno conocer" por parte del magistrado, las instrucciones emanadas del actual jefe del Ejército Ernesto Brinzoni, quien ordenó la "búsqueda general de documentación y antecedentes de todo tipo relativo a la lucha contra la subversión "como tarea excluyente de todo otro acto en la fuerza”.
El jefe militar respondió así a un pedido que le formuló Bagnasco el pasado 17 de febrero y que, ante la falta de respuesta, dio origen a una citación a prestar declaración testimonial.
Por otra parte, Alfonso respondió también a un requerimiento de información respecto del destino que la fuerza tenía previsto para el edificio donde funcionó el 601, que dependió del Primer Cuerpo de Ejercito, y que en la actualidad es sede de la Central de Reunión de Inteligencia Militar, ubicado en Callao y Viamonte.
En tal sentido, el Secretario General del Ejército explicó que "si bien se han iniciado estudios para la eventual enajenación del edificio, hasta la fecha no se ha emitido, en el ámbito del Ejército ninguna resolución normativa o acto administrativo disponiéndose la venta de dicho inmueble".
El abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini, le había requerido a la Justicia que impidiera la venta del edificio, ante la sospecha de que allí se preservara aún documentación de utilidad para las causas que se llevan adelante.
"La búsqueda efectuada en el citado organismo --concluye Alfonso en su informe-- no ha permitido ubicar documentación que coincida con la requerida".
Brinzoni: “No hubo un plan sistemático de robo de bebés”
Por su parte, el jefe del Ejército argentino, teniente general Ricardo Brinzoni, afirmó públicamente que a su entender no hubo un "plan sistemático" de robo y supresión de identidad de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura.
El militar aclaró que esa era su opinión "personal" y la admitió como contraria a la posición del juez federal Adolfo Bagnasco, que ya procesó y detuvo a ex jerarcas del gobierno de facto, en el marco de una investigación para determinar si se cometió ese delito. Pero también señaló que, "una vez que la Justicia dictamine" si existió un plan para separar a bebés nacidos en centros clandestinos de detención de sus padres y cambiarles la identidad, aceptará esa resolución.
Brinzoni remarcó que el robo de menores es "una cuestión imperdonable" y "aberrante", que no puede compartir "de ninguna manera". Añadió que "lo hemos calificado siempre como una cuestión aberrante", y enfatizó que "ojalá que, en ese sentido, todas las familias que estén buscando a sus hijos y a sus nietos los puedan encontrar".
Por otro lado, aseguró que el libro de registro de partos del Hospital Militar de Campo de Mayo, secuestrado semanas atrás por Bagnasco, contiene datos "de rutina", que no estarían relacionados con el nacimiento de bebés en cautiverio.
Bagnasco investiga la presunta existencia de un plan sistemático, cuya implementación habría apuntado a la sustracción, supresión y cambio de identidad de los hijos de mujeres detenidas que, en su mayoría continúan desaparecidas.
Por esa causa se encuentran imputados -entre otros- Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, el ex almirante Rubén Francos, el ex general Cristino Nicolaides y el marino represor Jorge "Tigre" Acosta.