Convocado por el juez federal Jorge Urso, quien investiga la responsabilidad en esas operaciones, Olima se amparó en sus derechos constitucionales de negarse a declarar y se remitió a un descargo de 20 carillas que oportunamente presentó en el juzgado, y en el cual negaba las imputaciones en su contra.
Básicamente, Olima sostiene que él dejó la Cancillería en 1992, cuando todavía no se habían concretado las operaciones de venta de armas a Ecuador y Croacia, mediante operaciones de triangulación facilitadas por decretos del Poder Ejecutivo que autorizaban la venta a Panamá y Venezuela.
En ese sentido, fuentes cercanas a la investigación recordaron que Olima integró la Comisión Tripartita ministerial que redactó los borradores de los decretos 1697/91, 2283/91 por los que se autorizó la venta a Panamá de 6500 toneladas de armamento y municiones, que posteriormente fueron desviados a la ex Yugoslavia.
Esa comisión también tuvo a su cargo la redacción de un tercer decreto, el 1633/91 que autorizaba una operación similar con Bolivia a cambio de gas, pero que finalmente no se concretó.
La comisión estaba conformada por representantes de los Ministerios de Defensa y de Economía, y de la Cancillería.
El ex vicecanciller está imputado por el delito de falsedad ideológica de instrumento público, al igual que el ex canciller Guido Di Tella, quien fue citado a indagatoria para el próximo 22 de este mes.
El último canciller del gobierno de Carlos Menem será indagado también por presunto ocultamiento de pruebas, y encubrimiento.
Olima dijo a los periodistas acreditados en los tribunales federales que se trataba de "una causa injusta" al igual que su citación a indagatoria.
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