El juez, según la denuncia, habría utilizado las atribuciones de su cargo para convalidar una decisión de la lista oficialista del Colegio de Abogados de la Capital Federal en la cual se limitaba la cantidad de matriculados en condiciones de votar en las próxima elección a realizarse el 25 de abril venidero.
Frente a esta situación se presentó una medida cautelar de “no innovar”, dado que ante una situación similar la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en una sentencia producida en noviembre de 1996 ya había definido la cuestión.
Marinelli, según el denunciante, en vez de dar a conocer si correspondía o no dicha medida se expidió sobre el fondo de la cuestión en sentido contrario a la Cámara.
Cordero afirmó que “para producir el fallo, arbitrario, violó el instituto jurídico de la cosa juzgada material que tiene como objeto obligar a los jueces y a las partes porque de lo contrario, como estableció la Corte en fallos, se viola el artículo 17 de la Constitución Nacional y la seguridad jurídica que atañe al orden jurídico vigente”. El denunciante continua sosteniendo que “o el juez no conoce siquiera los procedimientos que debiera respetar, en el mejor de los casos, o toma posición por una de las partes y para hacerlo viola flagrantemente los procedimientos. O no es idóneo o no es capaz de ser ético en el desempeño de su función”.
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal considera que el juez incurrió en prejuzgamiento. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusación para que promueva un juicio, y que, “oportunamente se lo destituya por las causales de grave y mal desempeño y presunción de ilícitos en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público vigente”, dijo Cordero.
Sobre el juez Gustavo Literas pesa la acusación presentada por los legisladores de la Alianza, Elisa Carrió, y el del partido Liberal de Mendoza, Gustavo Gutiérrez, quienes le imputan prevaricato, retardo de justicia y violación de los deberes de funcionario público.
La denuncia se basa en su actuación por la causa que involucra a Raúl Moneta y la celeridad para librar al banquero y sacar la causa de la jurisdicción del juez mendocino Luis Leiva.
Según el escrito de los legisladores “la actuación de Literas a lo largo de todo el proceso manifestó una abierta parcialidad a favor de los imputados”.
Ahora la Comisión de Acusación abrirá ambos expedientes a prueba y los agregará a la larga lista de jueces cuestionados.