Así lo resolvió ayer la comisión parlamentaria durante una turbulenta reunión en la que Romero intentó sin éxito efectuar su descargo ante los legisladores, sobre las imputaciones en su contra por presunta malversación de caudales y mal desempeño en sus funciones. Romero fue atendido durante cinco minutos para explicarle que no había sido citado, pese a lo cual se puso a disposición de ese cuerpo legislativo.
La primera medida adoptada por la Comisión que preside la radical bonaerense Margarita Stolbizer fue reclamar a la Cámara de la Seguridad Social y a la Auditoria General de la Nación. informes sobre las presuntas irregularidades que se le endilgan al funcionario.
Romero, se descuenta, será citado por la comisión para efectuar su descargo sobre las acusaciones en su contra, y según dejó trascender ya tiene preparada una artillería de argumentos para refutar los cargos por la designación del renunciado defensor oficial Luis Cayuela, y también acerca de las imputaciones de uno de sus subordinados, el defensor Hilario Lagos.
Respecto de Cayuela, Romero sostiene que para la misma época en que este se desempeño sin acuerdo del Senado como defensor oficial en causas de trascendencia como el atentado a la AMIA. y la de IBM-Banco Nación, fueron ratificados en sus cargos, mediante la resolución 87/99 de la Procuración General, nueve fiscales que se encontraban en la misma situación. Dicha resolución, del 2 de agosto de ese año, se había fundado en una "Decisión Administrativa" suscripta por el por el entonces Jefe del Gabinete de Ministros Jorge Rodríguez, en la que se recordaba la jurisprudencia según la cual "cualquier funcionario público que accede a un cargo mediante un nombramiento efectuado de conformidad con la normativa vigente en ese momento, adquiere un derecho de función, que se rige por ella".
Respecto de Lagos, Romero dejó trascender que los cargos formulados por este por presunta obstrucción en la administración de Justicia, son una respuesta despechada a la apertura de un procedimiento de remoción por presunto "mal desempeño y eventual comisión de delito".
Lagos está imputado en ese sumario administrativo de haber presentado un recurso fuera del término legal en una causa penal en la que la sentencia quedó firme "y su defendido preso", así como también por una "falsa denuncia" contra Romero, que fue desestimada por la Justicia Federal, según explicaron voceros de la defensoría.
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