Pero el caso de la extradición de los militares amenaza complicarse si prospera la denuncia del abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil que Garzón pretende indagar en esta causa. En su extenso escrito Torres de Tolosa, utiliza términos descalificatorios contra el juez español y el ex capitán de navío Adolfo Scilingo, cuyos testimonios fueron utilizados por Garzón para pedir la extradición. Sin embargo, Literas no pudo aceptar o rechazar el planteo porque, precisamente, aún no le llegó la petición de su par ibérico.
El abogado -los organismos de Derechos Humanos lo acusan de estar presuntamente vinculado a la ESMA durante el Proceso Militar- acusó a Garzón de quedarse supuestamente con un porcentaje de la cocaína secuestrada en el "Operativo Strawberry". En ese procedimiento en el que intervinieron el juez argentino, Roberto Marquevich -hoy soporta un juicio político por supuestas irregularidades- y la SIDE local, se secuestraron 2 toneladas de cocaína. La revelación de Torres de Tolosa hasta, ahora, no había aparecido en ninguna investigación sobre el tema.
También el profesional pidió la incompetencia del juez federal y pidió que el caso pase a consideración del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (COSUFA). Torres de Tolosa sigue la misma estrategia del general Santiago Omar Riveros de sacar los casos por violaciones a los Derechos Humanos durante el Proceso Militar de la jurisdicción civil para pasarla a los tribunales castrenses. Ese planteo es el centro de una polémica judicial que seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia.
La intervención del máximo tribunal se dará en la cuestión de competencia que se ha planteado entre el juzgado federal número 7 de la Capital Federal y el COSUFA para instruir la causa de los hijos de detenidos desaparecidos que nacieron en cautiverio en centros clandestinos durante el Proceso Militar. El fiscal de la Casación Penal, Pedro Narvaiz desistió de impulsar la apelación del fiscal del tribunal castrense, brigadier Oscar Massoni y con ello dejó libre el camino al COSUFA para que plantee la incompetencia del juez Adolfo Bagnasco.
A partir de la reforma al Código de Justicia Militar en 1984 que privilegió la jurisdicción de los tribunales civiles sobre los militares -todas sus sentencias son revisadas por la cámara federal- quedó en la Casación Penal la facultad de arbitrar en estos conflictos. Sin embargo, ya sea por la simple vía de las apelaciones o por una cuestión de dudosa interpretación de los jueces de la Sala IV de la Casación Penal -Gustavo Hornos, Ana Capoluppo de Durañona y Vedia y Amelia Vidal de Berraz- el caso pasar a la Corte para su definición. De ser así en la máxima instancia ya existe un antecedente en que la Corte privilegió la competencia de un tribunal federal por encima del castrense.
La especulación de que la causa llegue a la Corte no es ligera. Los asuntos militares son tratados por esa sala, cuyos miembros a partir de ayer encontraron distintos argumentos para excusarse: Capoluppo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidal están de licencia mientras que Hornos le hizo saber al presidente del cuerpo, Eduardo Riggi, que no podía entender en la causa. El juez esgrimió que había sido acusador de dos apropiadores cuando se desempeñaba como fiscal de la Cámara Federal porteña. A mediados de los 90, Hornos pidió la prisión del ex comisario de la Policía Bonaerense, Samuel Miara y del ex integrante de la Triple A, Eduardo Ruffo, sobre quien pesa acusaciones de torturas cometidas en el centro clandestino conocido como "Automotores Orletti".
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de declinatoria presentado por el dr. Tolosa.