Pero el caso de la extradición de los militares amenazacomplicarse si prospera la denuncia del abogado Gonzalo Torresde Tolosa, el único civil que Garzón pretende indagar en estacausa. En su extenso escrito Torres de Tolosa, utiliza términosdescalificatorios contra el juez español y el ex capitán denavío Adolfo Scilingo, cuyostestimonios fueron utilizados por Garzón para pedir laextradición. Sin embargo, Literas no pudo aceptar o rechazarel planteo porque, precisamente, aún no le llegó la peticiónde su par ibérico.
El abogado -los organismos de Derechos Humanos lo acusan deestar presuntamente vinculado a la ESMA durante el ProcesoMilitar- acusó a Garzón de quedarse supuestamente con unporcentaje de la cocaína secuestrada en el "OperativoStrawberry". En ese procedimiento en el que intervinieron eljuez argentino, Roberto Marquevich -hoy soporta un juiciopolítico por supuestas irregularidades- y la SIDE local, sesecuestraron 2 toneladas de cocaína. La revelación de Torresde Tolosa hasta, ahora, no había aparecido en ningunainvestigación sobre el tema.
También el profesional pidió la incompetencia del juez federaly pidió que el caso pase a consideración del Consejo Supremode las Fuerzas Armadas (COSUFA). Torres de Tolosa sigue lamisma estrategia del general Santiago Omar Riveros de sacar loscasos por violaciones a los Derechos Humanos durante el ProcesoMilitar de la jurisdicción civil para pasarla a los tribunalescastrenses. Ese planteo es el centro de una polémica judicialque seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia.
La intervención del máximo tribunal se dará en la cuestión decompetencia que se ha planteado entre el juzgado federal número7 de la Capital Federal y el COSUFA para instruir la causa delos hijos de detenidos desaparecidos que nacieron en cautiverioen centros clandestinos durante el Proceso Militar. El fiscalde la Casación Penal, Pedro Narvaiz desistió de impulsar laapelación del fiscal del tribunal castrense, brigadier OscarMassoni y con ello dejó libre el camino al COSUFA para queplantee la incompetencia del juez Adolfo Bagnasco.
A partir de la reforma al Código de Justicia Militar en 1984que privilegió la jurisdicción de los tribunales civiles sobrelos militares -todas sus sentencias son revisadas por la cámarafederal- quedó en la Casación Penal la facultad de arbitrar enestos conflictos. Sin embargo, ya sea por la simple vía de lasapelaciones o por una cuestión de dudosa interpretación de losjueces de la Sala IV de la Casación Penal -Gustavo Hornos, AnaCapoluppo de Durañona y Vedia y Amelia Vidal de Berraz- el casopasar a la Corte para su definición. De ser así en la máximainstancia ya existe un antecedente en que la Corte privilegióla competencia de un tribunal federal por encima del castrense.
La especulación de que la causa llegue a la Corte no es ligera.Los asuntos militares son tratados por esa sala, cuyos miembrosa partir de ayer encontraron distintos argumentos paraexcusarse: Capoluppo de Durañona y Vedia y Berraz de Vidalestán de licencia mientras que Hornos le hizo saber alpresidente del cuerpo, Eduardo Riggi, que no podía entender enla causa. El juez esgrimió que había sido acusador de dosapropiadores cuando se desempeñaba como fiscal de la CámaraFederal porteña. A mediados de los 90, Hornos pidió la prisióndel ex comisario de la Policía Bonaerense, Samuel Miara y delex integrante de la Triple A, Eduardo Ruffo, sobre quien pesaacusaciones de torturas cometidas en el centro clandestinoconocido como "Automotores Orletti".
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Descargue el texto completo del escrito de recusación presentado por el dr. Tolosa.
Descargue el texto completo del escrito de impugnación presentado por el dr. Tolosa.
Descargue el texto completo del escrito de declinatoria presentado por el dr. Tolosa.