Toma amplío su denuncia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó una serie de diligencias que ya habían sido solicitadas por la fiscalía.
Según explicó el legislador, mediante comunicaciones telefónicas anónimas se le ofreció efectuar "determinados acuerdos", y le advirtieron que en caso de no cumplir con lo que se le requería iban a revelar información y el contenido de comunicaciones que lo afectarían en su "condición de diputado".
Toma calificó estos hechos como "actos intimidatorios y extorsivos" y los enmarcó en el rechazo del ingreso de Bussi a la Cámara de Diputados, fundado en su responsabilidad durante la represión ilegal en la provincia de Tucumán.