El viaje de Servini de Cubría fue decidido después que la Sala II de la Corte Suprema de Justicia trasandina la autorizara a presenciar las indagatorias que el juez chileno Joaquín Billard les tomará a los ex oficiales de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Raúl Iturriaga Neumann; de su hermano, el coronel en retiro Jorge Iturriaga Neumann, y del brigadier José Zara Holger, quienes han sido inculpados por uno de los autores del doble crimen.
En esta causa, la jueza espera una resolución de la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña para definir si el caso se encuentra prescripto o puede continuar con la investigación.
Si esto último ocurre, Servini de Cubría pretende llegar hasta la indagatoria del ex presidente Augusto Pinochet, a quien el ex doble agente de la DINA y de la CIA americana, Michael Townley, lo responsabilizó como autor ideológico de ese crimen y de los atentados cometidos contra el ex canciller, Orlando Letelier en Washington y contra el ex vicepresidente, Bernardo Leighton en Roma.
Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados en un atentado ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo, al hacer explosión una bomba colocada en su automóvil Fiat 1.600 por un comando de la DINA, según consta en el expediente judicial. Por ese atentado está procesado y con prisión preventiva otro ex agente de la DINA y militante del derechista Movimiento Patria y Libertad, Enrique Arancibia Clavel. También se encuentra detenido el argentino Juan Martín Ciga Correa, ex custodio del ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Ottalagano y también militante de la organización de derecha Concentracion Nacional Universitaria (CNU).
La visita de la jueza federal argentina para asistir a los interrogatorios tendrá lugar unas semanas después de que se conocieran las confesiones que le hizo a Townley a Servini de Cubría en noviembre pasado en Estados Unidos. El ex agente declaró en calidad de testigo protegido por el gobierno norteamericano y bajo juramento de confidencialidad de que lo revelado en esas audiencias no podía ser utilizado en su contra. En Estados Unidos existe la figura del arrepentido muy diferente a lo que establece la ley argentina. En ese país, un imputado puede negociar su condena a cambio de información vital con el fiscal de la causa.
Townley confesó que hizo detonar la bomba e inculpó en el atentado a Zara Holger, ex jefe del comando "boinas negras" del Ejército, así como al coronel en retiro Jorge Iturriaga Neumann. También vinculó con el atentado a los más altos jefes de la policía secreta de la dictadura chilena quee se reprotaban a Pinochet entre 1973 y 1990. También el 22 de diciembre pasado, la jueza participó en los interrogatorios que el juez Joaquín Billard realizó en el penal de Punta Peuco, 30 kilómetros al norte de Santiago, a los ex mandos máximos de la DINA: los generales retirados, Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
La jueza solicitó, además, el testimonio del general en retiro Sergio Arellano Stark, sometido a proceso por el caso de la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que ejecutó sin juicio a más de setenta presos políticos en varias ciudades semanas después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La investigación del crimen de Prats permitió la identificación de los principales responsables, en tanto que los fiscales federales argentinos Jorge Felipe Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda en nombre del Ministerio Público y las tres hijas de Prats han solicitado una declaración indagatoria de Pinochet.
La petición fue realizada después de que Contreras dijera que la DINA recibía órdenes directas de Pinochet. El ex presidente de facto afronta más de cien querellas criminales y está a punto de perder la inmunidad parlamentaria. Recientemente Servini de Cubría lo notificó de un incidente de prescripción y se le instó a que designara un abogado, pero se negó argumentando que ello supondría reconocerle competencia a los tribunales argentinos. Prats, quien fue ministro del Interior y comandante en jefe del Ejército de Chile y fue reemplazado por Pinochet 23 días antes de que éste protagonizara el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó y fusiló al ex presidente socialista Salvador Allende.