Se trata de los camaristas Liliana Elena Catucci, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Alfredo Horacio Bisordi, a quienes a través de una denuncia efectuada por la DAIA, le pidieron la apertura del procedimiento de juicio político por mal desempeño en sus funciones. Los jueces habrían anulado una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 respecto a los procesados Pablo Paskowski, Fernando Griguol y Orlando Raúl Romero Da Silva, denominados comunmente, “skinhead” .
Si bien algunos consejeros se inclinan por la desestimación del pedido de remoción de los magistrados, (Miguel Angel Picheto y María Lelia Chaya), el consejero Pablo Fernández –diputado por la Alianza- mediante un proyecto solicitó a la Comisión de Acusación que se los cite para que realicen sus descargos, según el artículo séptimo de dicho cuerpo. Luego de varios plenarios recién hoy se confirmó la fecha.
El consejero Pichetto, por su parte, le aconsejó al plenario del Consejo de la Magistratura la desestimación del pedido de apertura del procedimiento de remoción de magistrados previstos en el artículo 114 de la Constitución. En el mismo sostiene que “previamente a determinar si los jueces de la Cámara de casación actuaron como tribunal de apelación y no de casación, en supuestas violación a las reglas inherentes a dicho recurso, corresponde examinar los argumentos en los que se basó la nulidad de la sentencia condenatoria”.
“Que por razones expuestas, la denuncia deberá ser desestimada en atención a que los jueces de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal, actuaron dentro de las atribuciones legales conferidas a los recursos de casación, según la doctrina imperante y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”.
“En referencia al cargo de no haber aplicado la ley de discriminación racial, debe señalarse, ante la existencia de los vicios de forma antes señalados, que la Cámara de Casación no tuvo posibilidad alguna de expedirse al respecto”.