Durante el encuentro, Gil Lavedra explicó el programa de reforma judicial que está estudiando la cartera a su cargo y enmarcó la crisis del servicio de Justicia en la forma en que se asignan recursos y personal, y en la organización del trabajo por el abarrotamiento de causas en los juzgados.
"Hay coincidencia en que los problemas del Poder Judicial están en su organización", sostuvo el ministro, luego de descartar que la crisis se fundamente en el presupuesto, ya que "la Argentina destina al sistema de Justicia un 0.70 por ciento del PBI, contra un 0.31 de Estados Unidos, un 0.20 de Brasil ó 0.17 de Chile".
"Argentina ha crecido en un 50 por ciento en sus gastos de Justicia" entre 1991 y 1997 y "este crecimiento no se ha visto reflejado en una mayor eficiencia en la prestación del servicio" señaló el funcionario.
El ministro propuso "avanzar hacia una reforma integral y profunda del sistema judicial" que contemple "una división de organización de las cortes de acuerdo a los tipos de proceso, como los juicios ejecutivos, de conocimiento y concursales".
"En el caso de los juicios ejecutivos la reforma implicaría una gran informatización con una menor cantidad de jueces, mientras que en las casos de los juzgados de familia se requieren múltiples disciplinas y una mayor cantidad de jueces".
Hizo referencia a la experiencia de los juzgados modelo, desarrollada por el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, con el apoyo del Banco Mundial, programa que se centra en la digitalización de expedientes, la reorganización interna del trabajo, capacitación de los recursos humanos y una nueva forma de gerenciamiento de todo la actividad de una corte de justicia.
Acerca de la informatización el los juzgados, Gil Lavedra, repitió su anunció de hace 15 días en un Congreso en Mendoza.
Se trata de un proyecto de reforma judicial, que incluirá la implantación de nuevas oficinas para descongestionar los juzgados de expedientes, hasta la implementación de nuevos sistemas de informática.
El ministro también habló de la necesidad de crear "un plan de reformas piloto sobre las secretarías de ejecución en el fuero comercial, la informatización en la notificación por e-mail y por fax", y sugirió que "en la Justicia Civil estamos casi completamente informatizados, como para llegar, aunque sea de modo experimental, a un expediente digital".
Además mencionó "una división de trabajo que tienda al tipo de proceso y que a cada proceso le corresponda una oficina judicial distinta". El ministro de Justicia, anunció que en 30 días se van a presentar proyectos de ley para incorporar el expediente y la firma digital, con el objeto de acelerar los mecanismos de acceso a la información de las causas y de perfeccionar los trámites procesales.
Asimismo explicó el problema de la inexistencia de "verdaderos indicadores sobre el funcionamiento global del Poder Judicial" y afirmó al respecto que "la Justicia es un poder pero también es un servicio público que debe llegar a todos los ciudadanos y no puede haber servicios estatales que no sean medibles en términos de calidad".
El acceso a la Justicia fue otro de los aspectos en los que hizo hincapié el ministro al explicar que se está estudiando implementar, conjuntamente con los colegios de abogados y organizaciones de la comunidad, programas de asistencia jurídica gratuita destinada a la gente de bajos recursos.
Sobre este tema, Gil Lavedra concluyó que "el paradigma de los derechos humanos está dado por una tutela eficaz y el acceso a la Justicia" para todos los ciudadanos.
También subrayó la importancia de producir "un cambio cultural" para expandir los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, conciliación y arbitraje, con el objeto de acercar respuestas a problemas que no tienen satisfacción en la Justicia.
Las reformas en el Poder Judicial
Acerca de los cambios a implantarse en la Justicia en el Congreso realizado en la provincia de Mendoza Gil Lavedra dijo que "los modos de organización del trabajo en el Poder Judicial tienen los mismos parámetros que hace un siglo en el país. La justicia tiene muy bajo índice de credibilidad, la gente confía muy poco en la justicia y tiene un muy bajo nivel de eficiencia".
"Estos cambios tienen que tener una base de consenso muy fuerte, de un acuerdo que vamos a proponer a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Van desde la instalación de una oficina de informes en la planta baja del Palacio de Justicia, hasta un proyecto de ley sobre firma digital, que agilizará los tiempos de la justicia, permitiendo a los abogados o damnificados, seguir los expedientes desde una computadora".
Fuentes allegadas al ministerio, aseguran que para mejorar no hace falta un aumento de presupuesto sino una completa reorganización del sistema judicial que lo haga más eficiente.
Los juzgados se encuentran abarrotados de expedientes, y este sistema contribuiría a aliviarlos. Un ejemplo concreto es el del fuero correccional, adonde se pondrá en funcionamiento la oficina de causas N/N que dependerá de la Procuración General de la Nación; se formarían cinco oficinas nuevas con competencias exclusivas en juicios ejecutivos.