Fasciolo y Arriaga querellaron a su par Laclau como consecuencia de declaraciones periodísticas de este camarista que, en septiembre, al ser consultado por distintos medios de comunicación acusó a sus colegas de la Sala en de haber “cajoneado” causas contra grandes empresas y de “desviar y demorar expedientes”.
Según estas acusaciones, entre las presuntas firmas beneficiadas por los magistrados se encontraban la petrolera Shell-Texaco, Edesur, Transportes Fournier y Clínica Espora. Las declaraciones públicas de Laclau surgieron luego de que el juez acusara por esos hechos a sus compañeros ante el Consejo de la Magistratura.
Tras estas aseveraciones, los jueces imputados por estos dichos lo demandaron ante la justicia en lo criminal y correccional federal por los presuntos delitos de calumnias e injurias (delitos de acción privada, que requieren del impulso de la querella).
Arriaga radicó seis querellas contra Laclau que quedaron en el juzgado del renunciante magistrado Adolfo Bagnasco, mientras que Fasciolo reunió todo el material e hizo una sola presentación.
Desde septiembre hasta la fecha, los jueces Bagnasco, Jorge Urso y Jorge Luis Ballestero convocaron a los camaristas a siete audiencias de conciliación que finalmente fracasaron.
Según informaron fuentes judiciales, las causas se podrían unificar en el juzgado federal a cargo de Urso, quien al finalizar la etapa de instrucción deberá elevar las actuaciones al juicio oral, que podría terminar con una condena de un mes a tres años de prisión para el imputado, la cuantía estipulada para este delito en el Código Penal.
Por otra parte, Arriaga solicitó en su primera denuncia contra Laclau que se le aplique el máximo de la pena prevista para ese tipo penal.
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