13 de Noviembre de 2024
Edición 7091 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 14/11/2024

Sin acuerdo

Fracasaron siete audiencias conciliatorias entre tres jueces de una sala del fuero de Seguridad Social y la causa va camino al juicio oral.

 
La guerra entre los tres jueces de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social llegó a un punto sin retorno. Néstor Fasciolo, Mario Arriaga y Martín Laclau probablemente tendrán que verse en un juicio oral y público cuando la justicia en lo criminal y correccional federal termine con la instrucción por calumnias e injurias contra el último de los magistrados y luego de siete audiencias conciliatorias que fracasaron.

Fasciolo y Arriaga querellaron a su par Laclau como consecuencia de declaraciones periodísticas de este camarista que, en septiembre, al ser consultado por distintos medios de comunicación acusó a sus colegas de la Sala en de haber “cajoneado” causas contra grandes empresas y de “desviar y demorar expedientes”.

Según estas acusaciones, entre las presuntas firmas beneficiadas por los magistrados se encontraban la petrolera Shell-Texaco, Edesur, Transportes Fournier y Clínica Espora. Las declaraciones públicas de Laclau surgieron luego de que el juez acusara por esos hechos a sus compañeros ante el Consejo de la Magistratura.

Tras estas aseveraciones, los jueces imputados por estos dichos lo demandaron ante la justicia en lo criminal y correccional federal por los presuntos delitos de calumnias e injurias (delitos de acción privada, que requieren del impulso de la querella).

Arriaga radicó seis querellas contra Laclauque quedaron en el juzgado del renunciante magistrado Adolfo Bagnasco, mientras que Fasciolo reunió todo el material e hizo una sola presentación.

Desde septiembre hasta la fecha, los jueces Bagnasco, Jorge Urso y Jorge Luis Ballestero convocaron a los camaristas a siete audiencias de conciliación que finalmente fracasaron.

Según informaron fuentes judiciales, las causas se podrían unificar en el juzgado federal a cargo de Urso, quien al finalizar la etapa de instrucción deberá elevar las actuaciones al juicio oral, que podría terminar con una condena de un mes a tres años de prisión para el imputado, la cuantía estipulada para este delito en el Código Penal.

Por otra parte, Arriaga solicitó en su primera denuncia contra Laclau que se le aplique el máximo de la pena prevista para ese tipo penal.

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dju / dju
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