Sapag pidió ante el juzgado federal 7, que hasta ayer estuvo a cargo de Adolfo Bagnasco y que es ocupado interinamente por Rodolfo Canicoba Corral, que se investigue la conducta de ambos funcionarios, así como también la de la ex Secretaria de Energía Débora Giorgi a quienes acusó de "favorecer el interés del negocio de la empresa privada".
En su escrito, la legisladora menciona en ese sentido que "han actuado en violación de las previsiones del texto de la constitución nacional disponiendo el otorgamiento de ventajas a una empresa transnacional".
En dicha denuncia sostuvo que "se otorgan derechos a la empresa en el marco de un prorroga contractual" que la senadora considera "irregularmente concedida por el plazo de diez años sobre las reservas hidrocarburiferas de explotación del área denominada Loma de la lata-Sierra Barroza".
Asimismo, expresó que cuando el magistrado indague advertirá "claramente y de inmediato que lo actuado por la totalidad de las autoridades publicas nacionales y provinciales los haría incursos en la figura de defraudación a la administración publica".
También sostuvo que dicha conducta "implica una severa violación a los deberes que en razón de sus cargos les compete, como un perjuicio multimillonario para el patrimonio del Estado y una inaceptable prebenda para una empresa del sector privado".
Sapag estimó que la investigación "permitiría echar luz sobre una negociación particularmente irregular cuyas consecuencias afectarán indefectiblemente a todos los habitantes de país por varias generaciones".