La confirmación por parte de dicha Sala de la Cámara es la primera que ratifica la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia por el cual se dispuso el recorte en los salarios de los agentes de la Administración Pública Nacional.
Ahora el gobierno tendrá que intentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, si quiere revocar la medida.
Los camaristas Luis Boutigue, Cesar Bergna y Juan Ruiz Díaz ratificaron el "carácter confiscatorio del decreto" como así también su finalidad meramente fiscal.
El juez Enrique Arias Gibert había resuelto en un amparo interpuesto por Susana Devita, una empleada del Anses.