B) COLORES. O Juan Antonio del Cerro, - ex represor de la Policía Federal que está acusado por el secuestro de menores –hijos de detenidos desaparecidos- y de la desaparición de sus propios padres- apelará esta semana el controvertido fallo del juez Gabriel Cavallo por el que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El abogado de “Colores” es la defensora oficial, Silvia Otero Rella, quien a través de su vocero, el Dr. Catinelli, anticipó que este lunes presenta la apelación ante Casación contra el procesamiento de su defendido del Cerro por el tema de la apropiación y que seguirán adelante para revocar el fallo de Cavallo afirmando que en el caso hay gravedad institucional. No sólo apelará ante la Cámara Federal Penal –jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi -sino que se reserva la posibilidad de pedir el “Per Saltum” a la Corte Suprema, si la Cámara de Apelaciones o la Casación Penal demoran la definición de tan complicado asunto que preocupa seriamente al gobierno de Fernando de la Rúa por la catarata de juicios que se pueden habilitar contra los militares. Otra de las variantes pensadas por la gente de la Defensoría Pública, la brinda el propio texto de las leyes en cuestión. Coincidente con esta posibilidad se expresaba el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien afirmaba que la propia ley tiene previsto un recurso directo a la Corte. Ante esta especulación, Cavallo tratará de atajarse con la curiosa interpretación de que si se ha declarado la nulidad de las leyes, mal se podría conceder un recurso fundado en alguna de esas normas y que si las partes quieren apelar, que lo hagan por lo que dice el código procesal penal.
C) A FONDO. Es donde piensa llegar el juez de instrucción, Mariano Bergés con su investigación por la presunta corrupción en el sistema de seguridad que brinda la Policía Federal a los estadios de fútbol durante la realización de los torneos oficiales y amistosos. Para el juez no le cierran los números que le acercaron sobre la cantidad de efectivos que realmente prestan servicios en las canchas y cree que está frente a un caso de magnitud que no puede ser solo responsabilidad de 3 o 4 comisarios. Por ello piensa –además de dictar los primeros procesamientos en esta semana- tomarle declaración indagatoria a altos jefes de la Federal y no descarta llegar al mismo titular de la repartición, el comisario general Rubén Santos, un hombre que se reporta directamente al ministro del Interior, Federico Storani. Esta semana también podrían presentarse como querellantes los clubes de fúbtol que se sienten afectados por la maniobra porque consideran que han pagado unos u$s 2 millones de pesos demás por año. La magnitud de la cifra y de los intereses en juego han actuado como un acicate para el juez que quiere ir hasta el fondo de la red de corrupción y a Bergés hay que tomarlo en serio: fue el primero que quiso allanar la SIDE de Anzorreguy y hasta estuvo a punto de desencadenar un tiroteo al resistirse los espías a dejar entrar a la comisión policial-judicial que había enviado a buscar unos documentos que creía importante para una investigación que estaba realizando. Solo la intervención de su colega federal, Juan José Galeano, evitó un hecho de consecuencias inimaginables.
D) ALTERACION. En la City porteña por la proliferación de denuncias contra bancos por supuesto lavado de dinero. Aún no se encuentran apagados los ecos del informe del subcomité de lavado de Estados Unidos con el blanqueo de las entidades del ex banquero Raúl Moneta cuando un trascendido que les llegó de la Justicia Federal, hizo tensar a más de un banquero. Ocurre que en la causa que investiga Canicoba Corral por las triangulaciones del M.A. Bank de Bahamas con Mercado Abierto, Sociedad de Bolsa con dinero que se le adjudica al Cartel de Juarez, habrían intervenido entre 8 y 10 bancos. Claro que esa intervención no sería en forma directa y el juez tiene que investigar si conocían el origen del dinero, pero lo cierto, es que se encuentran en el expediente que la Sala Uno de la Cámara Federal aún no devolvió al juzgado –lo tiene con motivo de la apelación del único detenido y procesado, Angel Salvia como presunto testaferro del cartel de narcotraficantes mexicanos- y eso alienta las especulaciones. Uno de esos bancos, sería el mismo que tuvo participación en la ruta del dinero y la ingeniería financiera que se diagramó para pagar los u$s 21 millones de coima del negociado informático IBM-Banco Nación. Canicoba Corral espera el expediente para buscar esa información y profundizar la investigación por lavado de dinero que ya compromete al banquero de Ramón Ortega, Aldo Ducler, quien tiene falta de mérito, una medida intermedia entre el sobreseimiento y el procesamiento.
E) DECIDIDO. A que su nombre no fuera vapuleado por los chismes de Palacio, Enrique Petracchi – algunos de sus familiares están emparentados con el presidente por un lado y con los negocios de Raúl Moneta, por el otro- decidió el martes pasado tomar “al toro por las astas”. Por eso antes que Julio Nazareno iniciara el habitual acuerdo de los martes, pidió la palabra y dijo: “debo decirles ante informaciones periodísticas que pretenden involucrarme en toda esta historia de lavado de dinero, que en realidad tengo una cuenta en el Citibank con un depósito de $ 150.000. Pero, además, quiero aclarar que está lejos de cualquier operación como la que se pretende insinuar, ya que esos fondos están debidamente declarados ante la DGI quien aplica un 1% por ciento más de impuestos y en mi declaración jurada y sellada ante la Corte”. Ante la confesión, el resto tomó la aclaración previa como que no hacía falta y reiteró su confianza hacia uno de los ministros de mayor peso político en ese tribunal, después del presidente Julio Nazareno, quien –con hábil muñeca- hizo seguir la sesión como si nada hubiera ocurrido. Ese día la Corte produjo una resolución de respaldo a los camaristas de la Casación Penal que habían anulado el juicio contra un grupo de “skinheads” (cabezas rapadas de ideología filo nazi) que habían sido condenados a tres años de prisión, de cumplimiento efectivo, por apalear a una persona al tiempo que le arrojaban claros insultos antisemitas. Una buena mano para el ex funcionario de la casa, Alfredo Bisordi y sus colegas de sala Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Liliana Catucci, al resolver los ministros que se haga un nuevo juicio, lo que convalida la nulidad decretada por la Casación.
F) NO SE VA. El juez Claudio Bonadío a quien todas las versiones, algunas nacidas de su propio círculo aulico, daban por hecho que esté pronto a hacer las valijas como su colega Adolfo Bagnasco, quien dejó la Justicia –esta columna fue el primer medio en anticipar día y hora- el miércoles pasado. Tampoco, por ahora, se producirá el alejamiento de Gustavo Literas. Al parecer el juez quiere dejar bien encaminada la investigación por la compra del ex Banco de Mendoza por parte del liquidado Banco República de Raúl Moneta, quien en ese juzgado está acusado de administración fraudulenta y no por lavado de dinero. Literas no quiere aparecer como abandonando la investigación en medio del vendaval político y judicial que desataron las denuncias de los diputados Gustavo Gutiérrez y Elisa Carrió, quien aún no logró sobreponerse de la desmentida que en la propia cámara baja, le hizo su colega Daniel Scioli. El diputado menemista le leyó las declaraciones de la senadora Collins, presidente del subcomité de Investigación de Lavado del Senado norteamericano, que no fueron muy simpáticas para los políticos y algunos periodistas argentinos.
G) PREOCUPACION. En el gobierno por los permanentes allanamientos a los que viene siendo sometida la SIDE por jueces y fiscales, un hecho que –ni por asomo- ocurría cuando su titular era Hugo Anzorreguy, hoy en el medio de una denuncia judicial por las derivaciones del asesinato de Mariano Perel, quien dicho sea de paso, no había cosechado buenas opiniones en importantes sectores de la colectividad judía. Lo cierto es que en los últimos meses por orden de los jueces Jorge Urso, en un caso, y ahora por Rodolfo Canicoba Corral –aunque el pedido lo hizo el fiscal Guillermo Montenegro-la SIDE debió abrir sus puertas a una comisión policial-judicial. El hecho preocupa, no por la información sobre las posibles conexiones de Perel con el organismo del espionaje criollo sino por las repercusiones en el resto de la comunidad de Inteligencia, no solo local sino de las agencias de los países más importantes, sobre todo aquellos como la CIA (Estados Unidos), El Mossad (Israel), el MI16 (Inglaterra), que suelen realizar operaciones combinadas en materia de terrorismo o de narcotráfico. En el confidencial mundo del espionaje, no causa mucho agrado la ventilación de secretos que pueden poner en peligro no solo operaciones sino agentes que se encuentran infiltrados en zonas altamente comprometidas. Esa advetencia se había formulado con la causa de la investigación por el soborno en el Senado y volvió a encenderse la luz roja, con el caso Perel. Ningún servicio en el mundo se expone tanto a la indiscreción como la SIDE en los últimos tiempos, como si la central de inteligencia nacional se hubiera convertida en pieza de cambio de la interna política. Una cuestión que no sería imaginable en los países desarrollados pese a su tradición democrática y ni pensarlo en la Cuba de Castro o en otros países menos abiertos.