La inquietud del gobernador Ryan sobre la legitimidad en la aplicación de una pena que sigue siendo popular en Estados Unidos, con cerca del 60 por ciento de la población a favor, ha calado sin embargo entre parlamentarios demócratas y republicanos, que acaban de presentar un proyecto de reforma para evitar precisamente que un inocente pueda ser asesinado por la máquina del Estado.
133 legisladores proponen garantizar el acceso a las pruebas de ADN para los condenados y ayuda económica para que los Estados proporcionen abogados competentes a fin de defender a los acusados de crímenes que puedan suponer la pena capital. Esta decisión parte de la constatación de que si alguien es pobre y negro tiene mas posibilidades de ser condenado a muerte que si es rico y blanco.
La ley pretende mejorar las condiciones de aplicación de la pena máxima, pero no va tan lejos como para proponer una moratoria ni mucho menos cuestionar la propia pena por inmoral o ineficaz.
Alumnos del Centro de Condenas Erróneas de la Universidad de Northwestern (Chicago), lograron demostrar, al volver a investigar casos y juicios sospechosos, que en ocasiones la Policía aportó pruebas que no eran tales o los abogados encargados de defender a los acusados eran manifiestamente incompetentes o se durmieron durante la vista.
Según datos recopilados en la Universidad de Chicago, el porcentaje de error judicial en Estados Unidos en los casos susceptibles de reclamar la pena capital es del catorce por ciento, de ahí que el fantasma del asesinato legal (inocentes que han llegado a la silla eléctrica o la inyección letal) podría ser de medio centenar desde que en el año 1976 el Tribunal Supremo reinstaurara una pena borrada de la legislación del resto de Occidente por considerarla bárbara e ineficaz para disuadir al criminal.
En este momento, más de 3.600 convictos esperan la ejecución en los corredores de la muerte de todo Estados Unidos.