Cartañá, solicita una medida cautelar, para suspender los efectos del decreto 393/99, como así también la suspensión de los efectos de la resolución de MEyOSP, que habilitan un inminente aumento de la tarifa desde enero del 2000.
El ex ombudsman de la ciudad autónoma, fundamentó que “se ocasionaría un irreparable prejuicio a los usuarios y al Estado Nacional, de no hacerse lugar a la demanda”.
El juez rechazó la medida cautelar que la Asociación Civil de Defensa al Usuario de Servicios Públicos, había solicitado para evitar un nuevo aumento. La Asociación y Cartañá presentaron una demanda contra el Estado, el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y a Metrovías. También pidieron la nulidad de un decreto y una de una resolución que modificaron las condiciones de la concesión.
Cartañá sostuvo que “el Gobierno Nacional y el de la ciudad de Buenos Aires acordaron en 1999 la denominada “renegociación” contemplada en el decreto 393/99, que en realidad oculta un nuevo contrato con nuevas prebendas y una innecesaria y anticipada prórroga del plazo de concesión de 20 a 24 años, para Metrovías que, explota el servicio de subterráneos metropolitanos y la línea Urquiza de trenes”.
“La renegociación se concretó a pesar de un informe técnico encargado a la empresa Subtes de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) por el entonces secretario de Producción y Servicios del Gobierno Porteño, Nicolás Gallo, quien ignoró el informe contrario a la renegociación que además modificó totalmente el objeto del contrato original, según el decreto de privatización 547/97”.