Así lo confirmaron hoy a Diariojudicial.com fuentes judiciales altamente confiables, las que señalaron, además, que el tribunal penal ya recibió "más de diez mil fotocopias" remitidas por la Cámara Federal de Bahía Blanca, en su mayoría de las causas que ese tribunal inició en 1986, cuando juzgó a militares, que luego fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Junto con ese material se remitieron decenas de copias de videos de los testimonios recogidos en el actual juicio "por la verdad", iniciado en virtud del derecho de los familiares de los desaparecidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército, para conocer el destino que corrieron.
El tribunal de Casación se pronunciará en la primer semana de agosto "tratando de unificar un criterio" respecto de cómo deberán concretarse las citaciones a los militares convocados como testigos. Estos, por lo general, se niegan a declarar bajo juramento de decir la verdad por temor a "autoincriminarse", y que luego son detenidos por ese temperamento.
La remisión de ese material por parte de la cámara bahiense obedece a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes fallaron la semana pasada en una cuestión de competencia a favor de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capoluppo de Durañona y Vedia y Amelia Berras de Vidal.
El miércoles, el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Augusto Fernández, expresó su "desagrado" por la decisión de la Corte, mientras que el fiscal ante ese tribunal, Hugo Cañon, reclamó el "juicio político" de los miembros de la sala de la Casación, por haber dispuesto la libertad de uno de los militares que se había negado a declarar.
Fernández consideró como "inesperada" la resolución de la Corte, ya que, según explicó, el tribunal tenía "previsto plantear la cuestión de competencia, pero la forma en que sucedió ha sido un poco sorpresiva".