La denuncia fue efectuada por el abogado Luis María Llaneza en el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco, y está referida a la decisión del jefe del Ejército de asistir a la familia del mayor retirado del Ejército Jorge Olivera, detenido en Roma a pedido de la justicia francesa que pretende juzgarlo por el secuestro y asesinato de la joven Marie Anne Erize, ocurrido en 1976.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, si bien se negó a profundizar opiniones sobre causas en trámite, sostuvo que a su entender la presentación le parecía "un desatino".
Por su parte, la Corte Suprema rechazó anoche por "improcedente" una demanda que el hijo de Olivera efectuó contra las autoridades italianas que ordenaron la detención del militar argentino.
Llaneza pidió el desafuero de Lopez Murphy y Brinzoni, para que sean indagados y procesados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su presentación, en la que cita declaraciones publicadas en distintos medios, el letrado sostuvo que Brinzoni no sólo ofreció "colaboración" a la esposa de Olivera "sino que le asegura el futuro económico porque se la autorizó a cobrar el sueldo" del mayor retirado.
Llaneza aseguró que esta conducta del jefe militar "no es mas que la continuidad de la política institucional de prestar incondicional apoyo a quienes son detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura".
Al respecto indicó que esta situación se "puede comprobar con la visita que el Secretario General de la fuerza, Eduardo Alonso, efectuó a quienes están detenidos por los juicios por la verdad", y advirtió que "el Ejercito no está autorizado ni moral ni materialmente" a hacerlo.
Por otra parte, indicó que el Ministro Lopez Murphy "actuó pasivamente" ante estos hechos "restándole importancia al tema", por lo que entendió que el funcionario pudo haber incurrido en "incumplimiento de los deberes de funcionario público" puesto que "subordinados suyos actúan contra la ley y no reciben ninguna sanción".
El letrado consideró que esta actitud del ministro "convalida la actuación de los mismos", a la vez que destacó que "la llamada solidaridad que usó como pretexto el Jefe del Ejército significa nada mas ni nada menos que desconocer las resoluciones judiciales", al "prestar ayuda a quienes han cometido delitos contra los derechos humanos como si fueran víctimas de la Justicia".